Todos los días al amanecer decenas de operarios chinos y de otras nacionalidades asiáticas llegan en autobús a las instalaciones de la refinería de Puerto La Cruz, en el venezolano estado Anzoátegui. Su constante presencia en esta enorme instalación, en cuya ampliación el gobierno venezolano confía para relanzar su maltrecha industria petrolera, es un ejemplo del peso de la alianza con China en el sector más estratégico de la economía de Venezuela.
Cuando en septiembre de 2018 el presidente venezolano, Nicolás Maduro, viajó a China, aseguró que las relaciones de su país con la superpotencia asiática eran «sólidas y robustas».
China ha sido un aliado vital para el gobierno venezolano; junto a Rusia, su principal valedor internacional y uno de los apoyos de Maduro, al que Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de países de América Latina consideran un gobernante ilegítimo, lo que les llevó a apoyar al líder opositor, Juan Guaidó, como «presidente encargado».
En el complejo de Puerto La Cruz, los enormes paneles con las banderas de ambos países le recuerdan a la población la importancia que para la Venezuela de la crisis tienen las inversiones chinas. Pero en los últimos tiempos, han surgido dudas en torno a la continuidad de esas inversiones.
Bajo la amenaza de las sanciones
Las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos contra el gobierno de Maduro se erigen como el obstáculo para que a la colaboración entre China y Venezuela se mantenga.
En su estrategia de presionar cada vez más a Maduro para forzar su salida del poder, el gobierno de Donald Trump ha impuesto, entre otras, medidas que implican potenciales consecuencias negativas para quienes hagan tratos con PDVSA.
«A las empresas chinas les está afectando porque tienen que pagarles a sus proveedores en dólares y ahora los bancos internacionales ponen muchas trabas para tramitar cualquier transferencia que tenga su origen en el negocio petrolero venezolano», indica un técnico de una multinacional petrolera que pide hablar desde el anonimato.
Varias informaciones publicadas recientemente indicaron que la petrolera estatal china había cancelado el envío previsto para el mes de agosto de 5 millones de barriles de crudo venezolano, lo que se ha interpretado como un intento de esquivar las sanciones. La compañía no comentó la noticia.
De confirmarse, supondría un severo revés para una economía dependiente de las exportaciones de crudo y que ahora pasa por una crisis considerada como una de las peores de la historia.
