Las cifras son preocupantes. Una de cada cinco personas de América Latina y el Caribe ha sufrido extorsión sexual al intentar acceder a servicios públicos o conoce a alguien que ha pasado por esta situación, según un informe de Transparencia Internacional que constata una percepción generalizada de la ciudadanía sobre la corrupción.
El estudio, elaborado a partir de los datos recabados en 18 países de la región, apunta que el 85 por ciento de los ciudadanos consideran la corrupción de las autoridades «un gran problema». Más de la mitad (53 por ciento) creen que las corruptelas van en aumento y los gobiernos no adoptan las medidas suficientes para atajarlas.
Este Barómetro Global de la Corrupción (BGC) analiza por primera vez las situaciones de extorsión sexual, aparentemente generalizadas cuando se trata de acceder a servicios públicos como atención médica o educación. El 71 por ciento de las más de 17.000 personas entrevistadas consideran que estos abusos se producen al menos de forma ocasional.
Barbados y Guatemala, con unas tasas de extorsión que ronda, el 30 y el 23 por ciento, respectivamente, encabezan esta lista negra, que identifica también a las mujeres como principales víctimas. Sin embargo, hay una creencia generalizada a que, si el abuso lo sufre un hombre, las autoridades actúen de forma más clara. Este tipo de prácticas contribuyen a extender la desconfianza hacia las administraciones públicas, hasta el punto de que el 65 por ciento considera que su gobierno está a merced de intereses privados. Solo uno de cada tres confían en la Policía y el dato es incluso inferior cuando se pregunta por los tribunales (27 por ciento) o el Gobierno (21 por ciento).
Venezuela, Panamá, República Dominicana, Argentina y Chile son los países con los gobiernos peor valorados en materia de lucha contra la corrupción, mientras que Barbados, Guyana, México, Perú y Brasil figuran en el otro lado de la lista, según el estudio.
PAGO DE SOBORNOS
En los últimos cinco años, a una de cada cuatro personas se le ofreció un soborno a cambio de votos en elecciones nacionales, regionales o locales, aunque en el caso de México la proporción se eleva al 50 por ciento. Más de uno de cada cinco han pagado algún soborno por algún servicio público, con la Policía como la institución más señalada por el cobro de pagos fraudulentos. En el caso de Venezuela, un 62 por ciento de quienes han tenido algún contacto con las fuerzas de seguridad en el último año ha asegurado que pagó un soborno.
El 73 por ciento de las personas entrevistadas en América Latina y el Caribe consideran que sufrirán algún tipo de represalia si denuncian la corrupción ante las autoridades, mientras que solo un 38 por ciento creen que presentar una queja servirá para lograr algún cambio. No obstante, el 77 por ciento piensa que los ciudadanos pueden marcar una diferencia determinante en la lucha contra la corrupción.
La presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, ha advertido en un comunicado de que «en una región donde las iniciativas contra la corrupción están cobrando impulso pese a los retrocesos recientes, la ciudadanía continúa exigiendo más y mejores resultados a sus gobiernos». En esta misma línea, la directora general de la organización, Patricia Moreira, ha subrayado que «la ciudadanía tienen derecho a denunciar la corrupción y esperar que los políticos actúen de manera íntegra», por lo que ha instado a los líderes políticos a «escuchar» a la calle, «que exige que se aborde la corrupción y se fortalezca la democracia».
