Pedro Sánchez y el PSOE han demostrado que tienen un rechazo a la dictadura venezolana, aunque se ha caracterizado por ser algo tímido o casi impuesto por la Unión Europea. Además de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, los socialistas también han aportado ayuda al reconocer la autorización de residencia y trabajo por razones humanitarias a los venezolanos con resolución denegatoria de protección internacional. En otras palabras, dar acceso a la residencia y empleo a la diáspora venezolana.
La medida, que ha sido «celebrada» por el embajador de Juan Guaidó en España, Antonio Ecarri, tiene una ‘cara B’ que también está perjudicando a los venezolanos: Las expulsiones exprés de los centros de acogida a refugiados. «Consonante con el reconocimiento de la crisis venezolana que ha hecho el Gobierno de España, a quien hemos solicitado que reconsidere los plazos para la salida de los beneficiaros de esta medida que se encuentran en los centros de acogida a refugiados”.
Ecarri ha puesto en conocimiento de las autoridades la necesidad de extender el plazo de 15 días que les están dando para abandonar los centros de acogida, a 90 días en los casos de baja vulnerabilidad y 120 en los de alta vulnerabilidad, a fin de facilitar una inserción efectiva a la sociedad española.
Según una disposición de la Subdirección General de Programas de Protección Internacional, cuando a un beneficiario del sistema de acogida se le concede autorización de residencia temporal, este debe causar baja como máximo en 15 días naturales tras la notificación de la resolución. Este estaría siendo el criterio por que el que los Centros de Acogida a Refugiados (CAR) dependientes de la Dirección General de Inmigración y Atención Humanitaria, y otros dependientes de ONG’s, se estarían rigiendo para notificar verbalmente a los afectados.
El plazo es difícil de cumplir porque, una vez notificada la denegación de la solicitud de protección internacional, la tramitación de la Tarjeta de Identificación de Extranjero tarda entre 30 y 90 días según provincia, y otros 30 hasta la obtención de la TIE con la que el beneficiario accede al mercado laboral.
Un millar de venezolanos en toda España es la cifra estimada a quienes estaría afectando la medida, 300 de ellos ya notificados, según la ONG Refugiados sin fronteras. De ellos, un 38,6% estarían en una situación de alta vulnerabilidad (familias monoparentales, con menores de edad o adultos mayores a su cargo, con familiares con discapacidad o enfermedades graves).
Por esta razón, y ante la posibilidad de que cientos de familias puedan quedar en la calle en cualquier momento, la representación diplomática del Gobierno de Venezuela reconocido por España encabezada por Antonio Ecarri, ha trasladado a las autoridades el requerimiento de los afectados de extender los plazos, según los distintos niveles de vulnerabilidad, a la espera de que la medida sea reconsiderada de manera excepcional, hasta que se normalice el proceso.
