Una buena parte de Colombia sigue siendo territorio hostil, así lo demuestra un reportaje de BBC Mundo, que afirma que en los barrios humildes de Tierralta y sus alrededores, la justicia la imparten las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el Clan del Golfo.
Todo lo anterior basándose en denuncias de instituciones y activistas.
La organización paramilitar, de acuerdo a entidades como la estatal Defensoría del Pueblo, ejerce un control continuo sobre esta población, ubicada en el departamento de Córdoba (noroeste del país), donde el pasado viernes 21 de junio fue asesinada en frente de dos de sus hijos María del Pilar Hurtado.
Aquel suceso provocó múltiples muestras de indignación en Colombia, después de que se hiciera público un video donde se ve a uno de los hijos de la mujer gritando y llorando de impotencia frente al cuerpo de su madre.
Hurtado murió después de recibir varios disparos de dos sicarios que después huyeron en una moto.
Defensores de Derechos Humanos del lugar, como el activista Andrés Chica, sostienen que en esa región «los paramilitares controlan todo», desde los problemas familiares hasta los permisos para abrir una tienda o una ferretería.
Chica, quien sostuvo que la muerte de Hurtado se debió a su rol de líder comunitaria, tuvo que abandonar Tierralta (de 100.000 habitantes) en la noche del sábado, después de que recibiera amenazas de muerte por sus declaraciones a los medios de comunicación, asegura.
María del Pilar Hurtado, la mujer asesinada frente a sus hijos.
«La fuerza pública no tiene ningún tipo de poder en esos territorios frente al paramilitar de la cuadra. Él es el que arregla cuando alguien no quiere pagar en una tienda, el que quita predios, el que cobra multas. Todo eso ante la mirada complaciente de las fuerzas administrativas«, denuncia Chica, de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (REDEPAZ), y quien pide que su ubicación no sea revelada.
BBC Mundo trató de comunicarse con el alcalde de Tierralta o alguna otra autoridad municipal este lunes, pero no hubo respuesta.
Tras el crimen de María del Pilar Hurtado, las autoridades de la Alcaldía de la ciudad aseguraron que multiplicarán los operativos de seguridad en la zona y ofrecieron una recompensa para aquellos que brinden información sobre los autores del asesinato.
Control paramilitar
Desde la Defensoría del Pueblo, una entidad de carácter nacional e independiente, advirtieron a BBC Mundo sobre la gravedad de la situación en estas zonas de Colombia.
Según esta institución, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia «se han posicionado como el actor armado ilegal predominante, con presencia en la totalidad de municipios, corregimientos y territorios indígenas» de la región.
La entidad elaboró en noviembre pasado un diagnóstico de la situación en la zona en la que se establece que los paramilitares de esta organización desplegaron un «mecanismo amplio y continuo de vigilancia y control poblacional».
«Actúan como fuerzas de choque, portan armas de fuego de corto y largo alcance, radios de comunicaciones, visten durante el día de civil o con prendas de color negro, en ocasiones con el rostro cubierto, mientras que en las noches son vistos con uniformes camuflados».
La Defensoría añade que los intereses de las AGC o Clan del Golfo en la región están relacionados con los territorios de cultivo de coca, laboratorios de elaboración de clorhidrato de cocaína, rutas del narcotráfico y la minería ilegal de oro.
Los «paracos», como los llaman en Tierralta, tienen tres niveles de comandancias, una política, otra financiera y otra militar.
Las Autodefensas se encuentran tratando de afianzar su control de esta zona debido a la reciente incursión de un grupo disidente de la exguerrilla de las FARC denominado Nuevo Frente 18 – Román Ruiz.
«Se evidencia un profundo terror entre los habitantes, ante probables atentados contra la libertad e integridad personal, la restricción de la movilidad, la desarticulación de los procesos sociales, la fragmentación de la confianza comunitaria y los desplazamientos forzados, entre otras infracciones al Derecho Internacional Humanitario», concluye la Defensoría.
Tierralta, territorio ubicado al norte de Colombia.
Multas, extorsiones y amenazas
Para Andrés Chica, coordinador en Córdoba de REDEPAZ, lo que hacen los paramilitares en la actualidad es una reedición de lo que hacían cuando llegaron a los pueblos de Córdoba a principios de siglo.
El activista sostiene que las AGC han logrado intervenir en una enorme cantidad de aspectos de la vida de muchos de los pobladores de Tierralta, al punto de ser los que dirimen problemas por infidelidades o riñas callejeras.
«Si dos personas se ponen a pelear en la calle, el paramilitar de la cuadra está autorizado a multar a cada uno con 500.000 pesos (alrededor de US$150)», señala.
Además, asegura el entrevistado, son los paramilitares los que otorgan permisos a los vecinos para abrir un negocio y los que definen el monto de la «vacuna», que es una cuota mensual para las AGC a modo de extorsión.
«En Tierralta decide el paramilitar, por ello es que allí y en otras poblaciones los vecinos viven como prisioneros«, concluyó.
