Casi nueve de cada diez jueces venezolanos son «no titulares» y 56,3 % de ellos mantienen su afiliación política activa al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
No es ninguna broma, estas dos variables representan lo independiente que puede ser un juez al ejercer su profesión.
La investigación ha sido realizada por el sitio Armando Info, que con la revisión de una base de datos con la información de casi 6.000 jueces en Venezuela durante los últimos 19 años, arroja todo un muestrario de deformidades en el ejercicio de la Justicia, que es utilizada como herramienta política.
Del trabajo se puede concluir que la maquinaria chavista en la justicia se vuelve más controladora a medida que se aleja más de Caracas.
Armando.Info: Jueces activos sin independencia en la venezuela chavista.
Esta radiografía del Poder Judicial venezolano, resultante de un amplio trabajo de periodismo de datos que se prolongó por más de un año, permite detectar situaciones tan extremas como la existencia de estados donde ni siquiera uno de cada diez jueces posee la titularidad del cargo y el que más tiene (el céntrico estado Miranda) apenas llega a la proporción de tres por cada diez (28%). Que casi 80% de la plantilla de jueces de un mismo estado milita en el partido de Gobierno, superando el penoso promedio nacional.
En Delta Amacuro, Apure y Amazonas, estados lejanos dentro de la geografía nacional y entre los más pobres del país, la imparcialidad de las decisiones tomadas en sus tribunales está por verse. Sus plantillas de jueces son las más vulnerables o manipulables: 96% de los jueces de Delta Amacuro no son fijos y las proporciones son igual de graves en Apure (94.5%) y en Amazonas (93.4%).
Las decisiones no solamente quedan comprometidas por la dependencia casi absoluta a un ente rector politizado (el TSJ), sino también por una afiliación política que no debería existir y que, sin embargo, ni siquiera ocultan. El principal transgresor es Barinas, estado natal del fallecido Hugo Chávez, líder de la “revolución bolivariana”; allí 78.7% de sus jueces tienen filiación política. Le sigue Monagas (77.9%), de donde es oriundo el número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Y completan el cuestionado ranking de parcialidad los estados Apure (76%), Delta Amacuro (75%) y Amazonas (65.2%). En todos ellos la justicia queda condicionada a órdenes políticas.
La investigación también desvela cómo desde el poder del TSJ se emiten instrucciones cargadas de afinidad política, y citan el caso de José Luis Cárdenas Quintero, expresidente del Circuito Judicial Penal del estado Merida, y actual juez rector y presidente del Circuito Judicial Penal de Barinas, que expresa abiertamente en las redes sociales su obediencia a la dictadura.
Un ejemplo de lo destacado en la investigación de Armando Info se pudo palpar este 7 junio cuando la Magistrada chavista, Carmen Zuleta Merchán, se expresó de la peor forma posible contras las presas venezolanas que son forzadas a cambiar sexo por comida en las cárceles, calificándolas de «pu+@as» y llevando a cabo una defensa ciega a la dictadura de Nicolás Maduro.
