Mas de 2 millones de hectáreas de territorio boliviana se ha quemado hasta el pasado 27 de agosto, exactamente 2.161.414 de hectáreas quemadas.
El desastre ambiental también se han perdido hasta ahora alrededor de 40 millones de árboles, con un valor comercial de 1.140 millones de dólares, de acuerdo a un cálculo de la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC), que también ha alertado del riesgo de desaparición de más de 43 especies de anfibios, 140 de reptiles, 788 de aves y 242 de mamíferos, que totalizan 1.200.
Fuego en el territorio boliviano de la Amazonía.
Lo más sensible entre la madrugada del domingo y el lunes ha sido el fallecimiento de un joven de 22 años, que intentaba apagar un incendio en un cerro de Sacaba, al centro del país, y de un bombero que perdió la vida durante el combate del fuego en Coroico, una zona del departamento de La Paz.
Durante los últimos 15 días de incendios, que han coincidido con la recta final de la campaña electoral, Evo Morales y otros políticos bolivianos han sido el centro de las críticas de varios sectores ciudadanos por la reacción tardía que agravó la crisis ambiental, lo que obligó a la suspensión del proselitismo de los principales candidatos presidenciales. El propio primer mandatario de Bolivia prácticamente instaló esta última semana su cuartel de operaciones en la zona de la Chiquitania, lo que no lo ha salvado de críticas, sobre todo durante movilizaciones callejeras en las que le exigen que declare desastre nacional, pida ayuda internacional, disponga la pausa ambiental en los lugares quemados y derogue la normativa que flexiblizó las quemas para la expansión de la frontera agrícola.
Las protestas más recientes contra Morales se han escuchado el fin de semana pasado durante un cabildo en la población de Roboré, al sureste de Santa Cruz de la Sierra, en la que se planteó la apertura de un juicio internacional al Presidente.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos también denunció ante la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) al gobierno boliviano, ya que cree que «legalizó los chaqueos que produjeron daños irreparables a la gestión integral de la Chiquitania y la Amazonia».
La entidad asegura que la administración de Morales respondió a los incendios después de 20 días y ha sido la responsable de ampliar la frontera agrícola y de los asentamientos de personas que generaron el fuego. «La deforestación se multiplicó sin límites«, según los activistas de derechos humanos, sobre todo por la intención gubernamental de avanzar en la producción de biocombustibles.
