El Ministerio del Interior afirmó que, en los primeros cinco meses del año, un total de 16.846 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo, lo que supone un 90% más que en el mismo periodo de 2018. El volumen de las peticiones de protección internacional en España ha llevado a que se generen situaciones irregulares, como la que han salpicado al que fue coordinador del Foro Penal de Anzoátegui, Salvador Pimentel; y a la Federación Española Pro Derechos Humanos.
Una decena de venezolanos ha denunciado, a través de las redes sociales y a la Federación Española Pro Derechos Humanos, que realizaron un pago a Salvador Pimentel mientras era “director del área de Venezuela en la Federación” con la finalidad de tramitar el proceso de asilo político. Sin embargo, el descontento llegó cuando el proceso quedó paralizado o no logró la protección internacional.
Francisco José Alonso Rodríguez, presidente de la Federación Española Pro Derechos Humanos, afirma a Periodista Digital América (PD América) que “estaba recomendado por el Foro Penal Internacional, así como por los masones y el Opus Dei. Una vez con nosotros pudimos comprobar que es un hombre competente y nos enteramos que ha tramitado unos 2.000 procesos de asilo”. Una relación idílica que se rompió cuando, según indica Alonso, el venezolano aseguró que iría a trabajar con el Consulado de Juan Guaidó en Portugal (una información que ha sido desmentida tanto por Pimentel como por la Federación y el propio equipo de Juan Guaidó en Lisboa).
Con su salida de la Federación «hace dos meses», Alonso reconoce que empezaron a llegar cartas y correos en la que ciudadanos venezolanos se quejaban de no haber recibido la tramitación de su asilo a pesar de haber realizado el pago. “En nuestra institución no cobramos por asesorar a nadie”, por lo que insiste que “conocimos que se realizaban pagos una vez que estaba fuera de la organización, ya que siempre trabajó por las tardes cuando acababa nuestro horario y estaba solo en la oficina”.
Sin embargo, el redactor de Periodista Digital América, Jesús Mitchelle Torres, afirma que durante la entrevista que realizó en septiembre de 2018 a Pimentel en la sede de la Federación “él reconoció que recibía un pago por sus servicios, lo que fue escuchado por Alonso, quien se encontraba con nosotros en la misma sala”. En este sentido, la grabación de la entrevista advierte que la organización sí estaría al tanto de los cobros durante su presencia en la organización.
Pimentel se defiende
En declaraciones a Periodista Digital América, el antiguo coordinador del Foro Penal indica que “sólo tengo una queja por parte de un ciudadano que solicitó asilo pero que ocultó que tenía doble nacionalidad. Lo que evidentemente impide que se pueda realizar el proceso al contar con la nacionalidad colombiana”. En este sentido, reconoce que “cobraba 150 euros por la realización de todo el proceso de trámite del asilo”, pero niega que dejó casos a medias.
Sin embargo, algunos de los ciudadanos que afirman lo contrario aseguran a este diario que “estamos en conversaciones con Pimentel para que nos regrese los 150 euros del proceso, ya que no se logró la protección temporal”.
La sangre no llegará al río
Los ciudadanos venezolanos que solicitan el regreso del dinero y la propia Federación ha negado la opción de tomar medidas legales en contra de Salvador Pimentel, ya que “no hay una documentación que nos permita respaldar las acusaciones”. En este sentido, la Justicia española no podrá intervenir en un rifirrafe generado en medio de la ola de peticiones de asilo que saturan a la Administración Pública española.
