La muerte por torturas del capitán naval Rafael Acosta ha puesto rostro y nombre ante el mundo a las múltiples denuncias realizadas por familiares de militares detenidos, aireadas por organizaciones de derechos humanos y confirmadas por la Alta Comisionada Michelle Bachelet. «Aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas», certificó sin contemplaciones el informe de la ONU.
Torturas, tratos crueles y degradantes especialmente duros contra los militares, «que forman parte de una política de estado dirigida a enviar un mensaje a los integrantes de la Fuerza Armada. Es intimidación y terror», aseguró a EL MUNDO Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, organización que calcula en más de un centenar los militares encarcelados y convertidos en presos políticos por el chavismo.
Las filtraciones de la autopsia realizada al capitán Acosta revelaron la brutalidad de los agentes gubernamentales, que le rompieron 16 costillas, le fracturaron el tabique nasal y uno de sus pies, le provocaron excoriaciones en hombros, codos y rodillas, así como hematomas en el muslo. Hasta latigazos y quemaduras por electrocución presentaba su cuerpo.
Tamara Suju, directora de Casla Institute, aportó durante el pasado fin de semana nuevos detalles de la película de horror sufrida por el capitán durante los siete días de su desaparición forzada en manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgicm). «Se lo llevaron con otros detenidos de su casa a un lugar boscoso, lo colgaron desnudo de un árbol con los brazos atados en la espalda y los ojos cubiertos por un cartón. Lo golpearon con palos, le dispararon cerca del oído para aturdirlo y para que perdiera la audición. Le echaron ácido y no sabemos si fue aquí o en los sótanos de la Dgcim donde le aplicaron las descargas eléctricas», relató Suju, que trabaja junto a la OEA en la denuncia de estos abusos.
52 cortes en cada pie
Una escena que parece sacada de una película de Tarantino, con varios hombres colgados sin dejar de gritar y estremeciéndose a su vez con los gritos de sus compañeros. Parecido terror al que se repite en la llamada «jaula de los locos», en los sótanos de la contrainteligencia militar, ocho metros cuadrados para cuatro presos totalmente a oscuras y en donde realizan sus necesidades fisiológicas en bolsas de plástico. Sin nada para sentarse o dormir.
A estas mazmorras fueron trasladados los militares apresados que la semana pasada protestaron por las condiciones inhumanas y los abusos que sufren. Sus familiares exigen fe de vida de todos ellos y que los delegados de Bachelet tengan acceso a las instalaciones, tal y como se comprometió Maduro. Una promesa incumplida como tantas otras.
«Hay un patrón desde la misma detención. Todas empiezan no por una investigación formal, sino por un rumor. Hay gente presa simplemente por ser incorporada a un grupo de whatsapp. Hay oficiales que deciden elevar la voz porque no tienen cómo alimentar a su tropa o tenientes a los que el sueldo no les alcanza para vivir y no entienden cómo sobrevive el resto», desvela a este periódico el diputado Franco Casella, presidente de la subcomisión para las Fuerzas Armadas en el Parlamento y actualmente refugiado en la Embajada de México en Caracas.
La subcomisión ha recogido relatos estremecedores del plan terror «cuyo objetivo es sembrar miedo para que nadie se atreva a alzar la voz», asegura Casella. «Un grupo comando llega a medianoche, con pasamontañas y sin identificarse. Apuntan y amedrentan al resto del contingente y secuestran al oficial que buscan. Le aíslan por 45 días, la etapa de ablandamiento, donde reciben torturas como en el caso de un grupo de tenientes, quienes recibieron 52 cortadas con una hojilla en cada planta del pie. Cuando eso cicatriza el dolor les imposibilita caminar. Algunos de ellos entraron gateando al tribunal», añadió el diputado, perseguido hoy por sus investigaciones sobre estos casos.
Torturas indescriptibles
Las familias de los oficiales también sufre el plan terror, así como los compañeros del detenido. «Los familiares son hostigados, robadas sus casas. Y en los cuarteles el discurso de lealtad es como pintura roja que se echa a un rebaño para detectar quienes se sienten incómodos y vigilarlos. En cada unidad hay un militar cuya labor es la de ser comisario político del régimen, sin importar su grado y jerarquía, para realizar informes de todo aquel que no esté alineado con el proceso», descubrió para EL MUNDO Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Fuerza Armada.
Alonso Medina Roa, defensor de Acosta y miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, ha reunido hasta 270 casos de tortura, en más del 80% de los casos efectuadas en los sótanos de la contrainteligencia militar. Al frente de este cuerpo se encuentra el general Iván Hernández Dala, militar de confianza de Maduro, quien le tiene al frente de la Guardia de Honor Presidencial y de la Casa Militar del Palacio de Miraflores.
En 2018, la prestigiosa ONG Provea registró 100 casos de torturas, 75 de ellas realizadas en la Dgcim y 12 en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). «Todos los presos en la Dgcim están siendo brutalmente torturados de una manera que es indescriptible», clamó ayer la diputada Delsa Solórzano, vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria.
Ni siquiera dos generales revolucionarios tan poderosos en su día como Miguel Rodríguez-Torres y Raúl Isaías Baduel se han salvado del horror propiciado por antiguos compañeros de armas. El primero, antiguo director del Sebin y ministro de Interior con Maduro, se mantiene en huelga de hambre desde hace ocho días, atado a una cama en Fuerte Tiuna. El segundo, ministro de Defensa con Chávez, se encuentra en paradero desconocido desde hace un mes, cuando fue sacado de las mazmorras del Sebin conocidas como La Tumba.
