Más de 8 millones de guatemaltecos, incluidos los radicados en Estados Unidos, decidirán el futuro del país y elegirán a su próximo mandatario, en sustitución de Jimmy Morales, para los próximos cuatro años (2020-2024), entre la socialdemócrata Sandra Torres o, como vaticinan las encuestas, el centroderechista Alejandro Giammattei, que busca el poder por cuarta vez.
Las opciones son dos: el poder social y la militarización de las calles o la “mano dura” contra los criminales. La exprimera dama Torres, una política que afronta su cita más trascendental en sus 63 años de vida al llegar por segunda vez a un balotaje, se ha abanderado de los programas sociales apelando a los valores conservadores de la sociedad y prometiendo volver a sacar al Ejército a las calles para reducir la violencia.
Gimmattei, que llega por primera vez a una segunda vuelta tras más de una década intentándolo, ha jurado con un discurso duro, prosperidad y seguridad, restaurando la pena de muerte, poniendo a trabajar a los presos y prohibiéndoles las visitas conyugales para “que se arreglen entre ellos”.
Esta segunda vuelta, que se produce después de que ninguno de los candidatos alcanzara la mitad más uno de los votos en los comicios generales del pasado 16 de junio, se celebrará en un clima de incertidumbre, desasosiego y desapego.
Las encuestas vaticinan a Giammattei como claro vencedor.Pero puede que el abstencionismo aumente y más en las comunidades indígenas y en el interior del país, pues el Comité de Desarrollo Campesino, una de las agrupaciones más importantes en estas áreas, ya ha anunciado que no apoyará a ninguna de las dos opciones.
Las autoridades afinan las medidas de seguridad mientras los guatemaltecos analizan los programas y meditan su voto para elegir al noveno presidente de la era democrática, que se instauró en Guatemala en 1986 con la llegada al poder del democratacristiano Vinicio Cerezo tras varias décadas de regímenes militares que se sucedieron en el poder mediante golpes de Estado y fraudes electorales.
Para vigilar que todo transcurra con normalidad, la Policía Nacional Civil (PNC) puso en marcha desde el jueves un plan para garantizar la seguridad de los votantes, los observadores electorales nacionales y extranjeros, las sedes de los partidos y desplazó por todo el país a sus 41.873 agentes.
Y el Ministerio Público, como parte del plan operativo para esta fecha, anunció que tendrá personal de turno durante las próximas 72 horas en todas las fiscalías del país para la “investigación y persecución inmediata de cualquier delito electoral que se cometa”.
“Este personal permanecerá antes, durante y posterior a la elección”, aseguró la Fiscalía, quien recordó que hay una aplicación -“Reportes MP”-, un correo electrónico o diferentes líneas telefónicas para denunciar cualquier anomalía. Además de las medidas de seguridad y los observadores locales, organismos internacionales han comenzado sus despliegues por todo el país.
