La dictadura de Nicolás Maduro controla el poder judicial de Venezuela a través de la compra de conciencias y de las presiones personales. Uno de los ejemplos más recientes ha sido el «secuestro» de la estudiante de comunicación Michelle Stephany Peñalver López, hija del exjuez militar y coronel de la Guardia Nacional Ramón Alí Peñalver Vásquez, quien se encuentra en prisión tras acusaciones de «traición». Según informó en su cuenta de Twitter, la joven fue detenida arbitrariamente por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
El caso recuerda el trágico calvario que atravesó la jueza María Lourdes Afiuni, quien ordenó la libertad bajo fianza del banquero Eligio Cedeño y se convirtió inmediatamente en «la presa personal de Chávez» durante 10 años. Cuando ya gozaba de libertad condicional, Afiuni denunció haber padecido torturas y violaciones durante su estancia en prisión, que dijo le habían causado o agudizado sus problemas de salud. «A mí me vaciaron el útero, porque lo tenía vuelto mierda. Pero no contentos con eso, se me destruyó la vejiga, la vagina y el ano. Yo estoy reconstruida», aseguró la exjueza durante una audiencia celebrada en julio de 2015.
Como si fuera poco, Afiuni reconoció que «tengo la cuarta parte del seno comprometida por el coñazo (golpe) que me dieron en el penal con una bota, y a esta altura nadie me lo quiere tocar porque no saben lo que tengo ahí. Todo el mundo ve las mamografías, pero me dicen que eso no se toca. Nadie sabe qué tengo».
A William Cárdenas, coordinador de la ONG ‘Un Salvavidas para Venezuela’, no le tiembla el pulso para afirmar que «en Venezuela no hay justicia, porque no hay Estado de Derecho. La justicia imparcial es la garantía esencial del Estado de Derecho. Si no hay justicia imparcial y autónoma, la ley se convierte en un instrumento de quienes tienen la potestad de aplicarla o de influir en su aplicación».
Ahora bien, deja claro que «esto no es nuevo en Venezuela, viene ocurriendo por lo menos desde el año 2002. El primer caso, entre otros, de injusticia flagrante en el país se produjo con la investigación de los hechos ocurridos el 11 de abril de 2002, cuyo proceso penal fue manipulado para lograr que los finalmente condenados fueran los comisarios y policías que actuaron en la conocida como la ‘Masacre de El Silencio’, para sustraer de su responsabilidad a los verdaderos y auténticos responsables, tanto materiales como intelectuales, de las 19 personas que perdieron la vida y de más de 250 que fueron heridas de bala».
Los comisarios y policías fueron condenados posteriormente a penas de treinta años de presidio, mientras que los pistoleros, francotiradores, instigadores y autores intelectuales fueron sustraídos de sus responsabilidades penales, y hoy se pasean libremente por las calles de Venezuela y el mundo. «Esto fue lo que, unido a la comisión de crímenes de lesa humanidad en nuestro país, nos condujo a buscar una jurisdicción alternativa para las víctimas de la violencia política ejecutada por el régimen chavista, para canalizar su aspiración de justicia», explica el abogado venezolano.
Cárdenas recuerda que éstos fueron algunos de los motivos por los que denunciaron a Hugo Chávez Frías ante la Audiencia Nacional española, querella que fue remitida el año 2003, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de la Haya, y que dio inicio al largo camino que hemos transitado en los Países Bajos, a donde recientemente acuden muchos colegas que se han evidenciado que en Venezuela no existía estado de derecho.
«Esta circunstancia comenzó a hacerse sistemática y generalizada tanto como sistemáticos y generalizados eran los ataques contra la población civil, reiterando las violaciones a los derechos humanos con crímenes que tenían todas las características de los crímenes de lesa humanidad tipificados en el Estatuto de Roma«. Así, el asesinato con marcado tinte oficial del Fiscal Danilo Anderson (2004), con una bomba lapa colocada en su vehículo, quedó sin castigo, y su proceso fue un auténtico ejemplo de manipulación perversa de la justicia, cuyas secuelas fueron el encarcelamiento de los hermanos Guevara y el asesinato del abogado Antonio López Castillo.
Un justicia que cambió la historia política
«Si hubo un hecho que por su singularidad fue expresión de la situación en la que estaba la justicia en nuestro país, fue el ocurrido con motivo de la publicación por parte del Tribunal Supremo venezolano de la sentencia que determinaba que el 11 de abril del 2002 se había producido un vacío de poder. La exclamación de Hugo Chávez fue tan grotesca como lacónica: Esta sentencia es una plasta!», afirma Cárdenas. Quedaba claro que en Venezuela no había lugar a sentencias que contrariaran los deseos, intereses y conveniencias del poder ejecutivo, de su partido político y de todo los que giraba en torno al poder hegemónico que se había instalado con el chavismo en Venezuela.
«Esto no lo decimos nosotros. Lo delcaró igualmente ante órganos jurisdiccionales en los Estados Unidos, Ramón Eladio Aponte Aponte, importante magistrado del Tribunal Supremo venezolano, cuando decidió colaborar con la justicia norteamericana en el esclarecimiento de crímenes y delitos llevados a cabo por altas figuras del régimen, señalando, entre otras cosas, haber recibido órdenes del propio presidente de la República para condenar a los Comisarios y Policías por los hechos del 11 de abril de 2002, como consta en su confesión contenida en una carta emitida en San José de Costa Rica, el 16 de abril de 2012″, explica.
De manera que el Estado de Derecho en Venezuela quedó sepultado desde hace más de 17 años, dejando un reguero de víctimas de crímenes sin castigo, y muchos seguían creyendo que en Venezuela se podría obtener el castigo a los culpables cuando estos estaban vinculados al régimen, que entre tanto, se dedicaba a cubrir las plazas del poder judicial con jueces provisorios, en muchos casos especialmente, afectos y dóciles.
«El terrorismo judicial se enseñoreado en los despachos judiciales, se construyen expedientes, se alteran pruebas, se siembran elementos incriminatorios, y se crea un manto de impunidad insoportable en una sociedad civilizada. Se utilizan las fuerzas y cuerpos de seguridad para materializar los deseos gubernamentales, y se realizan auténticos trabajos de limpieza y exterminio, sin el menor control judicial. Se rompió con el principio de Separación de Poderes y se coptó el poder judicial, que hoy día actúa como muro de contención del único poder legítimo que queda en Venezuela, la Asamblea Nacional, anulando todas sus decisiones», argumenta Cárdenas.
«Pero qué podemos esperar de un poder Judicial, donde el presidente del Tribunal Supremo es un delincuente, condenado por homicidios y señalado como pieza clave del régimen para mantenerse en el poder», sentencia.
