El torturador se quiso esconder entre sus víctimas, pero fue desenmascarado por una de las personas que lo reconoció y ahora enfrenta un juicio que los abogados de derechos humanos aseguran que puede ser «tan importante como el de Neuremberg«, en el que se juzgó a los jerarcas nazis.
Todo esto ocurre en Alemania y el torturador es el coronel sirio Anwar Raslan, 56 años, uno de los jefes de la temida policía secreta del régimen de Bashar al Assad. Estaba a cargo de la llamada «Filial 251», un centro de detención clandestino ubicado en la zona de Al Khateeb de Damasco, sobre la calle Bagdad, muy cerca de las oficinas de la Media Luna Roja (la Cruz Roja de los países musulmanes).
Allí permanecían confinadas hasta 600 personas al mismo tiempo y morían cuatro o cinco por día. Raslan estaba a cargo de las torturas. En 2012 desertó y salió con su familia a Alemania. Permaneció en un edificio de departamentos para refugiados de Berlín bajo otra identidad. Hasta que se cruzó con una de sus víctimas. Pasaron otros tres años hasta que fue arrestado, en febrero pasado. El juicio por sus crímenes comienza a fin de año.
Una vez descubierto, Raslan se unió a la oposición democrática siria en el exilio y hasta participó de unas conversaciones de paz en Ginebra como asesor militar. Esto hizo que algunas figuras políticas de su país opuestas al régimen lo defendieran y aseguraran que se trata de «un arrepentido que dio mucha información». Los jueces alemanes no aceptaron ese argumento y lo arrestaron junto a Iyad al Ghareeb, otro oficial de inteligencia que fue ayudante del general mayor Hafez Makhlouf, primo de Bashar al Assad.
Raslan está siendo procesado en Alemania, pero no por ningún delito cometido en el país, ni contra sus ciudadanos. En cambio, está sujeto a un principio de derecho internacional conocido como «jurisdicción universal». Alemania y un pequeño puñado de otros países europeos han decidido que, cuando se trata de ciertos delitos, la noción de jurisdicción (que un gobierno o autoridad puede procesar solo los delitos cometidos dentro de sus propias fronteras) no siempre se aplica.
Berlín dice que sus fiscales pueden presentar cargos contra cualquier persona que, presuntamente, haya cometido crímenes de guerra o genocidios en cualquier parte del mundo, contra personas de cualquier otra nación.
«La decisión de la justicia alemana fue una sorpresa para todos», dijo al diario Frankfurter Allgemeine Zeitung, Anwar al Bunni, un abogado sirio que vive en Berlín y es testigo en el caso contra Raslan. Bunni, fue torturado en la Filial 251 y terminó en el mismo centro de refugiados en Berlín que Raslan. «Nadie creía que la jurisdicción universal podría funcionar», agregó.
l caso está siendo llevado por la fiscalía federal con el apoyo de una unidad policial especializada en crímenes de guerra. En un informe de diciembre de 2018, el fiscal federal Christian Ritscher, informó que había 80 investigaciones abiertas relacionadas con el derecho penal internacional, de las cuales aproximadamente la mitad tenían que ver con Irak y Siria.
Los intentos anteriores por juzgar a los criminales de otros países habían fracasado por sensibilidades políticas, fiscales desganados y la falta de pruebas, testigos o recursos. Eso cambió con esta fiscalía especial de Alemania, y casos similares están en curso en Austria, Francia y Suecia. La experta en derecho penal internacional y profesora de Stanford, Beth Van Schaack, dice que ésta es «una señal del desarrollo de un nuevo sistema de justicia internacional que está más integrado y coordinado que nunca».
La jurisdicción universal no es un concepto nuevo: debido a que sus crímenes no tenían fronteras, la noción se usó por primera vez para llevar a los piratas y traficantes de esclavos ante la justicia a principios y mediados del siglo XX. Pero la versión moderna de la ley se adoptó en 2002, el mismo año en que se creó la Corte Penal Internacional.
El antecedente de todo esto fue la acusación del juez español, Baltasar Garzón, contra el dictador chileno Augusto Pinochet. No pudo ser juzgado, pero permaneció en arresto domiciliario en Londres por un año y medio. Claro que todos estos esfuerzos se limitaron, en gran medida, a un enfoque de «refugio seguro», lo que significa que los países simplemente vieron la jurisdicción universal como una forma de mantener alejados a los criminales de guerra, en lugar de un medio para perseguirlos activamente.
En Alemania, los procesos fueron facilitados por el hecho de que tanto los represores sirios como sus víctimas habían llegado en la misma ola migratoria. Y que las autoridades de inmigración comenzaron a hacerles preguntas. ¿Habían visto o sido víctimas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, tortura o agresión sexual? Las respuestas se cotejaron y clasificaron de la misma manera que lo hace la Europol con los sospechosos que ingresan a territorio europeo. De 2011 a 2013, la unidad policial de crímenes de guerra recibió 17 denuncias de solicitantes de asilo sirios. En los siguientes tres años, fueron 2.590.
El Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), con sede en Berlín, intentaron dos veces, en 2004 y 2006, presentar casos de jurisdicción universal contra funcionarios estadounidenses. El entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, fue acusado de haber sido cómplice en la tortura de iraquíes. Pero una cosa es un militar sirio y otro es un alto funcionario de Washington.
El caso de Rumsfeld «no fue políticamente bienvenido», dijo Florian Jessberger, profesor de derecho de la Universidad de Hamburgo, en una entrevista. «Esta vez, sin embargo, los funcionarios alemanes que se encargan de los procesamientos sirios están comprometidos. En este caso, existe un consenso global sobre quién es el bueno y quién es el malo», agregó.
Las evidencias recolectadas contra Raslan son contundentes gracias al trabajo de William Wiley, un veterano investigador canadiense de crímenes de guerra, y su equipo, que en los últimos siete años se encargaron de sacar de Siria e Irak cientos de miles de documentos incriminatorios. Ahora, esas evidencias están siendo usadas para un juicio en ausencia contra el dictador Bashar al Assad y varios altos dirigentes del ISIS. Wiley creó la Comisión para la Justicia Internacional y la Responsabilidad (CIJA) en 2012, y desde entonces recolecta información al tiempo que intenta pasar desapercibido por temor a las represalias.
CIJA no tiene sitio web y no hay ningún letrero que la identifique en la puerta de la oficina de Toronto. Pero su trabajo es bien conocido por los gobiernos occidentales que colectivamente proporcionan 8 millones de dólares anuales para cubrir el presupuesto de los 150 investigadores del grupo, la mayoría de los cuales trabajan en el terreno, en Siria e Irak.
El diario canadiense Globe and Mail describe a Wiley como un ex soldado que obtuvo un doctorado en derecho penal internacional de la universidad de York y que trabajó en los tribunales especiales para los crímenes en Ruanda y la ex Yugoslavia. Su oficina es más un cuartel general militar que un bufete de abogados. En las paredes están pegados mapas de Siria marcados con la ubicación exacta de las tropas de todos los sectores en pugna y gráficos que muestran la cadena de mando del régimen sirio.
El resto del lugar está plagado de carpetas con los antecedentes de los criminales. La de Raslan es una de las más voluminosas. Tiene evidencias de que dirigió dos filiales de la temible Dirección General de Inteligencia de Siria, donde se torturaba y se violaba a unos 100 prisioneros por día.
«Es la mejor evidencia contra un régimen desde Nuremberg«, aseguró Wiley en la entrevista con el Globe and Mail, refiriéndose a los juicios históricos de la posguerra que condenaron a miembros del régimen nazi. Y agregó que «la evidencia contra Al Assad es mucho, mucho mejor que la presentada en el tribunal internacional contra Slobodan Milosevic«, el líder serbio que fue acusado de crímenes y genocidio en las guerras de los Balcanes de la década de 1990.
Lo más contundente, son las fotos tomadas por un militar sirio que después desertó y que muestran las peores atrocidades. «Raslan fue uno de los peores torturadores», asegura Wiley. En pocos días, todos esos documentos estarán en manos de los jueces alemanes y es muy posible que el torturador sirio pase muchos años preso en una cárcel de máxima seguridad cerca de Berlín.
