(Periodista Latino / BBC Mundo).- Estados Unidos vigilará el cumplimiento del embargo comercial impuesto hace décadas a Cuba y perseguirá con firmeza a aquellos que lo violen, informó hoy la Fiscalía Federal del distrito sur del estado de Florida.
Para ello, el gobierno del presidente George W. Bush anunció la creación del denominado Grupo de Trabajo para el Cumplimiento de las Sanciones a Cuba, conformado por funcionarios de otras agencias federales.
La información fue dada a conocer por el fiscal federal de este distrito en Miami, Alexander Acosta, en rueda de prensa.
Acosta señaló que el objetivo final de estas acciones es «aislar» económicamente al «régimen de (Fidel) Castro» y «acelerar» la transición hacia la democracia en la isla.
El fiscal agregó que con esta medida se busca hacer cumplir el programa de sanciones a Cuba y «perseguir» a quienes no lo cumplen.
Aislar a Castro
El nuevo Grupo de Trabajo para el Cumplimiento de las Sanciones a Cuba está integrado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), el Departamento de Comercio, la Guardia Costera, la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Acosta afirmó que este nuevo equipo investigará y encausará a todos aquellos ciudadanos o residentes estadounidenses u organizaciones que, dentro o fuera de EEUU, «violen las regulaciones y leyes contra Castro».
La creación de este grupo fue recomendada por la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre, la misma que apoyó el programa de US$80 millones de la Fundación Cubana para un Futuro Democrático.
Esta Comisión es liderada por la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y por el secretario de Comercio, el cubano-americano Carlos Gutiérrez.
Estados Unidos mantiene el embargo comercial y económico que impuso a Cuba en 1962, por el cual se prohíben la mayoría de viajes a Cuba y se impide a las compañías estadounidenses realizar negocios en la isla.
Iniciativa presidencial
El embargo se endureció en 1996 con la llamada Ley Helms-Burton, aunque en 2000 el Congreso de EE.UU. aprobó la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Aumento de las Exportaciones, que legalizó el intercambio comercial de algunos productos entre ambas naciones.
Las penalidades a los que quebranten las restricciones van desde US$250.000, ó US$1 millón en el caso de las corporaciones, hasta 10 años en prisión, advirtió el fiscal.
Entre las principales infracciones a la política de embargo comercial, Acosta citó la violación de la exportación de bienes, el incumplimiento de las reglas que limitan los viajes a la isla y el quebrantamiento de las restricciones para la transacción de dinero.
Destacó también el lavado de dinero y los testimonios o información falsa en la declaración de aduanas, como violaciones que se perseguirán con todo el rigor de la ley.
Acosta subrayó:
«Haremos nuestra parte para llevar a cabo el mandato del presidente (George W. Bush), que persigue acelerar el proceso de transición en Cuba».
Acelerar la transición
A su juicio, las sanciones sirven no sólo para:
«Aislar económicamente al régimen castrista, sino también para privarle del uso del dólar americano, que tanta falta le hace».
Acosta negó que este anuncio tuviera algo que ver con la salud de Fidel Castro o con las inminentes elecciones legislativas de Estados Unidos.
«Este es el tiempo (…) y vamos a ser claros y decir a la comunidad que haremos cumplir las sanciones contra el régimen castrista y ayudar en la transición hacia la democracia en Cuba».
