De los cerca de 28.000 subsaharianos que han llegado a las islas Canarias en cayuco entre el 1 de enero y el 13 de octubre de 2006, el Gobierno ha tenido que trasladar a la Península a 19.010 de estos inmigrantes que han intentado acceder a España a través de las islas.
Ninguno de los trasladados pudo ser identificado por la Policía para devolverlos a su país de origen, así que han pasado a convertirse en inmigrantes indocumentados con una orden de expulsión imposible de cumplir.
Los datos, recogidos en un informe interno del Ministerio del Interior al que ha tenido acceso LA RAZÓN y que publica éste periódico bajo la firma de Rocío Ruiz constatan que el 68 por ciento de los subsaharianos que llegaron este año a España por Canarias no han podido ser devueltos a sus países y se encuentran por tanto en algún punto de España o de otro país europeo. De estos datos se deduce además que quienes están trabajando lo hacen en la economía sumergida ya que la orden de expulsión les deja fuera de los cauces legales de contratación.
DIFICULTAD EN LAS REPATRIACIONES
El Gobierno sólo pudo repatriar a países africanos hasta el pasado 13 de octubre a 8.077 indocumentados: 3.404 a Senegal, 100 a Guinea Bissau, 354 a Mali, 4.100 a Marruecos y 119 a Nigeria. Es decir, casi tres veces menos de los que envió a la Península.
AUMENTO DE LOS GASTOS
En lo que va de año el Ejecutivo ha desembolsado en gastos 36 millones de euros, tres millones más de lo que se ha presupuestado para 2007 y 14 más que lo que se dedicaba en 2003.A este desembolso hay que añadir los 50 euros que el Ejecutivo da a cada indocumentado en concepto de ayuda una vez que el avión aterriza en el país de origen del extranjero para que pueda regresar a su pueblo. Los policías vienen a cobrar una media de 150 euros por cada jornada de repatriación en la que intervienen que, en el caso de los países africanos, se resuelve en un sólo día.
Además, existe la sospecha entre los agentes de que el militar del país africano que recepciona el vuelo con los irregulares repatriados y da el visto bueno de que el traslado se ha realizado en condiciones humanitarias, como ha ocurrido en todos los vuelos que el Ejecutivo ha fletado a Senegal, percibe 3.000 euros, en Mauritania se habla de 6.000 euros por vuelo.
Es conocida la dificultad de España para llevar a cabo las repatriaciones y un modo de que los países africanos acepten el regreso de sus ciudadanos también se lleva a cabo con ciertas ayudas. Recordemos la visita del ministros de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, a Guinea-Conakry que sirvió para multiplicar por diez la ayuda en cooperación hasta entonces de 500.000 euros, además de cinco millones en ayuda urgente. A cambio el gobierno guineano se comprometía a aceptar 156 de sus ciudadanos.
LAS ONG
Aquellos indocumentados que logran permanecer en España y trasladados a la Península son acogidos por las ONG. En este sentido, el Gobierno ha fijado un programa de actuación para la atención humanitaria y la acogida en la Península de inmigrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. En virtud de este protocolo el Ejecutivo se compromete a pagar a las ONG y autonomías que se hacen cargo de los irregulares 25 euros al día.
El tiempo medio de estancia en las plazas de acogida es de 7 a 15 días, aunque en casos de especial vulnerabilidad el período de acogida puede extenderse a los tres meses con posibilidad de prórroga en función de las circunstancias individuales.Si los inmigrantes son menores, el Gobierno subvenciona a la Comunidad autónoma que se hace cargo de su tutela con 80 euros por menor y día.
Los datos de los que dispone Interior constatan también que la mayoría de los traslados se producen a ciudades donde gobierna el Partido Popular. Es el caso de Madrid, que se sitúa a la cabeza en el ránking de comunidades más solidarias con 12.157 en lo que va de año. Le sigue de lejos Barcelona con 1.114.
