Los ciudadanos rumanos y búlgaros tendrán finalmente una moratoria de dos años a partir del ingreso de ambos países como miembros de pleno derecho de la UE, el próximo 1 de enero, antes de que puedan entrar o residir sin más en España.
Se estima que 450.000 personas de esta procedencia trabajan legalmente en España, aunque varios cientos de miles más se encuentran en situación irregular. Por su parte, el Gobierno rumano estima que las prevenciones que están adoptando España y otros socios de la UE carecen de fundamento porque el ingreso en la Unión atraerá inversiones a su país que disuadirán a los potenciales inmigrantes.
Según ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Angel Moratinos, con la moratoria de dos años a la libre circulación de trabajadores de Rumanía y Bulgaria, España mantiene ya su política con anteriores ampliaciones.
«Vamos a seguir con la misma política que decidimos con la ampliación de los diez con estos nuevos dos socios, y respetamos que lo ha decidido el Reino Unido»
Reino Unido ha reducido los derechos de trabajo de rumanos y búlgaros y ha limitado sus posibilidades de empleo a la agricultura y la industria alimentaria, medidas con las que pretende evitar una entrada masiva de trabajadores de estos países, como ya sucedió con los ocho estados ex comunistas que ingresaron en 2004.
