Unas 504 personas han sido las víctimas de una organización internacional que trataba de favorecer la inmigración ilegal en España, los afectados eran en su mayoría ciudadanos de nacionalidad marroquí. La desarticulación ha sido llevada a cabo por la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Albacete que ha desarticulado dicha organización en Villarrobledo (Albacete) y San Clemente (Cuenca) y ha detenido medio centernar de personas, 37 empresarios y 13 intermediarios, que habían obtenido unos beneficios económicos de 4.500.000 euros.
La operación policial, iniciada en enero, incluyó la entrada y registro en varias asesorías y domicilios particulares de distintos pueblos de las provincias de Albacete y Cuenca. Tras el análisis de la documentación intervenida se ha podido determinar la participación en los hechos investigados de los responsables de otras dos Asesorías y otros tantos intermediarios.
LAS VÍCTIMAS
Los afectados pertenecen a los estratos más humildes de la sociedad de Marruecos y tenían que afrontar un enorme sacrificio, llegando incluso a vender o hipotecar sus viviendas, asumiendo elevadísimas deudas, para ver cumplidas sus aspiraciones de entrar legalmente en España y, por tanto, en Europa.
EL ENGAÑO
Las víctimas llegarían a pagar hasta 9.000 euros a cambio de una oferta de trabajo, sin que esta oferta implicara realmente el derecho a trabajar en la empresa ofertante, sino únicamente la obtención de un permiso de trabajo y un alta ficticia en la Seguridad Social, cuyas cuotas, así como las tasas administrativas de expedición de tarjeta, habría de sufragar el propio perjudicado.
ENTRAMADO DE CAPTADORES
El engaño se llevaba a cabo a través de un entramado integrado en primer lugar por los captadores en el país de origen, la mayoría de origen marroquí, que captaban a las víctimas en Marruecos a cambio de importantes sumas de dinero. Ellos prometían realizar en España los trámites necesarios para obtener permisos de residencia, organizando su viaje y llegando a albergarlas en sus domicilios hasta que, una vez obtenido su propósito de residir legalmente en España, se dispersaban por el territorio nacional pero la realidad es que nunca llegaban a trabajar.
El gestor o asesor en un segundo escalón, era el encargado de realizar los trámites administrativos necesarios y de captar a su vez empresarios dispuestos a realizar ofertas a cambio de dinero.
En tercer lugar, los propios empresarios que presentarían las correspondientes ofertas de trabajo a cambio de cantidades entre 1.200 y 4.8000 euros sin tener necesidad real de contratarlos, incurriendo además en un delito de falsificación documental al no ser cierto el contenido ni el fundamento de las ofertas presentadas.
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