(PL/Agencias).- El Gobierno de Venezuela ha pactado el pago de una indemnización por importe de más 325.000 euros con los etarras Sebastián Etxaniz y Juan Víctor Galarza por haberlos entregado en 2002 a la Justicia española, según ha sabido la agencia Vasco Press, que ha tenido acceso al documento pactado.
Los abogados de Galarza presentaron, en noviembre de 2002, una denuncia contra el Estado de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por presunta deportación ilegítima. La denuncia fue admitida a trámite el pasado mes de marzo, lo que motivó que se abriera una negociación entre el Gobierno de Hugo Chávez y la representación de los dos etarras que culminó con un acuerdo en junio de este año.
Según el documento, el pago de la indemnización será, por tanto, el resultado de un pacto voluntario, porque no se habían agotado los plazos ante el organismo en el que se presentó la denuncia ni éste había emitido veredicto contrario al Gobierno de Venezuela.
El pasado 8 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó el acuerdo y lo incluyó en el informe anual que se envía a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA)
Según el acuerdo alcanzado, Venezuela «acepta su reponsabilidad por violación de los derechos humanos de los ciudadanos vascos» Galarza y Etxaniz «al haber procedido a realizar una deportación ilegal y entrega ilegal al Estado español».
Etxaniz, antiguo miembro del ‘comando Vizcaya’, cumple actualmente una condena de 95 años de prisión por tres asesinatos, mientras que Galarza está libre tras permanecer en prisión tres años. Ambos etarras fueron detenidos por la Policía venezolana en 2002 y deportados a España, donde fueron encarcelados y juzgados, ya que ambos estaban reclamados por la Audiencia Nacional.
Venezuela añade en el acuerdo alcanzado con los abogados de los etarras que reconoce la violación de los artículos de la Convención Americana que regulan el derecho a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la protección de la honra y a la dignidad, a la protección de la familia, el derecho de circulación y residencia, la igualdad ante la ley y la protección general.
Además, para «garantizar la integridad física y moral» de Etxaniz, el Gobierno de Chávez se compromete a realizar gestiones ante las autoridades españolas para que el etarra pueda cumplir la pena «en un recinto carcelario cercano a su lugar de origen».
Posible nacionalización de cuatro etarras
El Ejecutivo venezolano también se ha comprometido, como parte del acuerdo, a ofrecer la nacionalidad venezolana a otros cuatro miembros de ETA residentes en el país como garantía para evitar su posible extradición a España: Eugenio Barrutiabengoa, Lorenzo Ayestarán, Jesús Ricardo Urteaga y Miguel Ángel Aldana.
Por su parte, el Gobierno español ha asegurado no tener constancia de la posible nacionalización de estos cuatro etarras. La secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, ha indicado a Europa Press que el Gobierno español está «comprobando que hay de verdad» en esa información.
«Estamos comprobando en estos momentos la veracidad» de estos hechos, insistió, sin querer facilitar más datos al respecto y remitiéndose a las informaciones que el Ministerio de Asuntos Exteriores ofrecerá previsiblemente a lo largo de la jornada.
El Gobierno español ha segurado no tener constancia de la posible nacionalización de estos presuntos etarras en Venezuela, según indicó previamente, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.
