«Paras»: «fin» del proceso de paz

(PL/Agencias).- La suerte del proceso de paz entre el gobierno colombiano y los paramilitares de derecha es incierta, después de que la noche del miércoles uno de sus voceros lo dio por terminado y de que las autoridades dijeron que no han sido notificadas de la decisión.

El anuncio del rompimiento lo hizo ‘Ernesto Báez’, quien actúa como vocero de los ex paramilitares, en declaraciones a distintos medios de comunicación.

«Se trata de dar por terminado este proceso», dijo Báez al tele noticiero CM&, quien se encuentra preso en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, una población vecina de Medellín, 400 kilómetros al noroeste de Bogotá.

«Un proceso donde no hay confianza, un proceso donde median los engaños, los incumplimientos, la falta de compromisos y que se mueve de acuerdo con las coyunturas políticas del país no puede de ninguna manera asegurar la paz», agregó el vocero

.

El secretario de prensa de la Presidencia de la República, Ricardo Galán, dijo que el gobierno «no ha recibido ninguna notificación oficial del rompimiento del proceso de paz con los paramilitares» de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

«Terminado el proceso»

La decisión de los ex jefes paramilitares se adoptó después de una tensa reunión entre ellos y el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, a la cual asistieron como testigos el delegado de la Organización de Estados Americanos, Sergio Caramagna, y el obispo católico de la ciudad de Montería, Julio César Vidal.

La reunión se realizó a raíz de la crisis que surgió luego del traslado -el pasado fin de semana- de 59 ex jefes paramilitares a la prisión de Itagüí desde un antiguo centro vacacional que había sido acondicionado como cárcel.

Cuando se produjo el traslado, el gobierno dijo que había recibido información sobre planes de fuga desde el centro de reclusión, ubicado en La Ceja, también cerca de Medellín.
Báez se quejó el miércoles del incumplimiento de los acuerdos a los que, según él, el gobierno había llegado con los paramilitares. «Se trata de dar por terminado este proceso», sentenció.

«Justicia y Paz»

El proceso de paz con los paramilitares se inició a mediados de 2003 y ha permitido la desmovilización de 31.000 personas, buena parte de las cuales ha recibido indultos del gobierno y goza de libertad.

Sin embargo, 2.600 ex paramilitares han manifestado que se quieren acoger a una ley que beneficia a los autores de crímenes de lesa humanidad y les da sustanciales rebajas de penas.
La aplicación de esa ley, conocida como de Justicia y Paz, a la que se han acogido los jefes paramilitares, ha tenido muchos tropiezos.

Hasta el momento no se han iniciado los procesos penales, que deberían concluir con la imposición de penas de entre cinco y ocho años de prisión.

La Fiscalía reveló el miércoles que de los 2.600 aspirantes a beneficiarse de las rebajas de penas, sólo 160 habían ratificado su intención de someterse a esa ley, que les exige confesar toda la verdad y reparar integralmente a las víctimas.

No extradición

La noche del miércoles, el gobierno anunció que derogará un decreto que eliminará la obligación de esa ratificación para que la Fiscalía pueda empezar a procesar a los candidatos a las rebajas de penas.

Uno de los que espera beneficiarse de esa ley es Salvatore Mancuso, quien fue el máximo jefe de las autodefensas y contra quien ya se han presentado 650 denuncias de víctimas.
El fiscal Luis González reveló este miércoles que 500 de esas denuncias han sido por homicidios y otras 150 por despojos de tierras.

A Mancuso y a otros ex paramilitares, como ‘Don Berna’, les interesa ser procesados bajo la ley de Justicia y Paz, pues eso les garantiza su no extradición a Estados Unidos, donde son pedidos por cargos relacionados con tráfico de drogas.
La no extradición ha sido un arma que ha utilizado el gobierno para presionar a los paramilitares.

Incertidumbre

La semana pasada, el presidente Álvaro Uribe amenazó con descongelar las órdenes de extradición si se comprobaba que los ex jefes estaban ordenando crímenes desde la prisión.

Lo que no se sabe con certeza es cuál será la suerte de los ex jefes paramilitares después del anuncio del rompimiento del proceso, si eso afectará sus rebajas de penas y si seguirán resurgiendo bandas paramilitares en el país, como se ha denunciado.

Luego del traslado de los ex jefes ha habido protestas de desmovilizados de las AUC en la Costa Norte del país y en el departamento de Antioquia.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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