(PL/Agencias).- Así lo rebeló el último informe de la Fundación para la Defensa Legal de los Estados Unidos. La pena de muerte fue restablecida en 1976 y actualmente se aplica en 38 de los 50 estados de ese país.
Con la ejecución hoy en la penitenciaría de Starke (Florida) del puertorriqueño Angel Nieves Díaz, por el asesinato del encargado de un establecimiento de «strip-tease» en 1979, son 355 los hispanos que quedan a la espera su ejecución en los corredores de la muerte en EEUU.
Según el último informe de 2006 de la Fundación para la Defensa Legal estadounidense, estos
355 hispanos forman parte de la lista de las 3.365 personas condenadas a muerte en cárceles de ese país. California con 657, Texas con 401 y Florida con 395, son los estados donde más reos están pendientes de que se les aplique la pena capital.
El mismo informe indica que desde 1976 han sido ejecutados en Estados Unidos 1.057 personas, de las que el 98 por ciento fueron varones. Por razas fueron 603 los blancos ejecutados, 384 los negros, mientras que los hispanos ascendieron a 70.
El estado donde más se ha aplicado la pena de muerte es Texas con 379 reos ejecutados, seguido por Virginia con 98 y Oklahoma con 83. Nieves Díaz ha sido el reo número 64 en ser ejecutado en el estado de Florida desde que se reanudó la aplicación de la máxima pena en 1979, y el cuarto en el 2006.
El número de condenados a muerte ha descendido de forma importante en EEUU desde 1998 en que hubo 300, hasta los 125 del 2004. La autoridades judiciales consideran que este descenso puede obedecer a varios motivos, entre ellos la conmutación de la pena por la de cadena perpetua y el menor número de sentencias de esta clase recomendadas por los jurados.
La pena de muerte fue restablecida por el Tribunal Supremo de EEUU en 1976 y actualmente se aplica en 38 de los 50 estados, aunque en algunos de ellos apenas se ha ejecutado a reos desde la fecha de la reinstauración.
En todos esos estados, el máximo castigo se aplica mediante una inyección letal por vía intravenosa, procedimiento que en 2001 sustituyó a la horca, la silla eléctrica y a la cámara de gas, aunque la electrocución se ha utilizado en alguna ocasión recientemente, y casi siempre a petición del condenado.
En Puerto Rico la pena de muerte se abolió el 13 de febrero de 1929, cuando el legislador Juan García Ducós presentó un proyecto de ley ante la Legislatura para derogar el máximo castigo y en 1952 la prohibición se elevó a rango constitucional.
Puerto Rico es un Estado Libre Asociado (ELA) a EEUU, con su propio sistema de justicia, pero los tribunales federales tienen primacía sobre las decisiones legales en la isla. En este sentido, el Gobierno de EEUU es partidario de aplicar la pena de muerte para delitos federales cometidos en el territorio isleño.
Sin embargo, organizaciones cívicas borícuas se han manifestado reiteradamente contra este proceder porque entienden que la postura del Gobierno de Washington es «una violación al derecho de autodeterminación» del pueblo puertorriqueño.
Recientemente, cuando la fiscalía federal pidió aplicar la pena capital contra dos acusados de secuestro y asesinato de un comerciante, el jurado de Puerto Rico que participó en el proceso los declaró no culpables.
Actualmente, coexisten dos grandes corrientes jurídicas en la isla respecto a la pena capital. Una de ellas aboga por mantener la derogación de la pena de muerte, en tanto que la otra incide en aplicar la misma legislación que en EEUU.
Los errores judiciales de los que han sido víctimas puertorriqueños han incidido en la corriente de defensa del mantenimiento de la derogación de la máxima pena. Tal fue el caso de Juan Roberto Meléndez, quien permaneció 17 años, ocho meses y un día en el corredor de la muerte en una prisión en Florida, por un crimen que no cometió.
En septiembre de 2000, dieciséis años después de ser condenado, se descubrió la transcripción de una confesión grabada del verdadero culpable del crimen, que había declarado su responsabilidad en ese hecho a por lo menos 16 personas. Meléndez fue exonerado de todos cargos que pesaban sobre él y liberado el 3 de enero de 2002.
