Exteriores no ha decidido qué hacer con los 23 inmigrantes de Nuadibú

El Gobierno aún no ha tomado una decisión sobre el futuro de 23 inmigrantes asiáticos del barco Marine I que fueron rescatados hace 69 días entre Senegal y Cabo Verde y desembarcados el 12 de febrero en la ciudad mauritana de Nuadibú. El Ejecutivo permanece a la espera de que el Ministerio de Asuntos Exteriores ofrezca una solución para devolverlos a sus lugares de origen o para llevarlos a un tercer país.

La crisis sigue abierta. El avión Hércules del Ministerio de Defensa en la pista del aeropuerto de Nuadibú está listo para sacar de Mauritania a los últimos sin papeles que viajaban en el barco, en cuanto el Gobierno tenga idea de a dónde llevarlos.

EL ORIGEN

El Marine I se hallaba a la deriva con 369 inmigrantes cuando fue socorrido por una patrullera de Salvamento Marítimo, que lo remolcó hasta el puerto de Nuadibú. Pero las autoridades mauritanas no permitieron el atraque y el desembarco de los sin papeles hasta nueve días más tarde, bajo la condición de que el Gobierno español los sacara del país en un máximo de cuatro horas.

En 60 días, el Gobierno ha logrado trasladar, poco a poco, a 346 inmigrantes: 35 a Guinea-Conakry, 35 a Canarias, 161 a India y 115 a Pakistán.En la antigua fábrica del puerto donde todos ellos fueron encerrados nada más desembarcar, continúan detenidos 23. Su silencio ha impedido a las autoridades averiguar sus países de origen y repatriarlos.


ÚLTIMAS DECLARACIONES

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declaró ayer que «lo más conveniente» es que vuelvan a sus países, «aunque no necesariamente a sus regiones de procedencia», en donde los inmigrantes dicen que su vida correría peligro. El portavoz afirmó que el ministerio está realizando gestiones con terceros países -cuyo nombre no reveló «para no perjudicar las negociaciones»- que podrían estar dispuestos a acogerlos.

El viernes, los inmigrantes iniciaron una huelga de hambre que el agregado de Interior logró desactivar 48 horas más tarde. El pasado lunes, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado interpuso ante la Audiencia Nacional un recurso bajo el argumento de que la Administración ha vulnerado los derechos de los detenidos, al hallarse «bajo custodia de las autoridades españolas y sin embargo no se les aplica la legislación de nuestro país».

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