Las «maras» han devenido en un fenómeno delictivo de carácter internacional. ¿Cuál es su origen? ¿A qué códigos culturales obedece? ¿Existe algún método legal para frenar semejante violencia? Concientes de este problema, Casa de América dedicará esta semana al estudio de las pandillas. El 16 y 17 de abril se realizará el seminario «Pandillas Juveniles y gobernabilidad democrática en América Latina y El Caribe».
Luego, el miércoles 18, se presentará una mesa redonda enfocada en el caso de El Salvador. Y para ilustrar la estética de los pandilleros, inauguraremos el viernes 19 una estremecedora exposición fotográfica de Isabel Muñoz. Por ahora, ofrecemos al lector este artículo, con el propósito de situarlo en uno de los aspectos más comunes de la criminalidad en América Latina.
El ex presidente Ricardo Maduro ganó las elecciones en Honduras prometiendo “mano dura” contra las maras o pandillas que sembraban el terror en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
El presidente Elías Antonio Saca, de El Salvador, quiso superar a su vecino, y llegó al poder bajo el lema de “supermano dura”.
Ahora, en Guatemala, el general Otto Pérez Molina, candidato a la Presidencia por el Partido Patriota y segundo en las encuestas, también se quiere adueñar de la formulita. Ha llenado el país de vallas donde aparece ante muchachos con el torso desnudo y tatuado, frunciendo el ceño y levantando la mano empuñada, bajo la misma consigna en mayúsculas rojas: “Mano dura”.
Lo paradójico de esta promesa de campaña, que ha demostrado su eficacia electoral en los tres países centroamericanos con mayores problemas de criminalidad, es que ya convertida en política pública, ha fracasado rotundamente dondequiera que se ha aplicado en la región.
Un estudio reciente publicado por la Oficina de Washington para América Latina -WOLA, por sus siglas en inglés- sobre la naturaleza transnacional de las pandillas juveniles, pone en evidencia las fallas del combate a las “maras” bajo la cacareada lógica de la “mano dura”.
En Honduras y El Salvador, el incremento de arrestos contra pandilleros ha sido contraproducente. Las cárceles han servido para que las maras se institucionalicen y fortalezcan, afirma la investigación que se realizó durante un año con el apoyo del Instituto Autónomo de México y la Universidad Centroamericana de El Salvador y Nicaragua.
En la misma lógica represiva, estigmatizar los tatuajes ha vuelto a las maras menos visibles.
Ahora los pandilleros buscan la tecnología láser para borrarse las marcas. Al mismo tiempo, intentan ser más móviles geográficamente, para evadir a las autoridades con mayor facilidad.
En Guatemala, el actual gobierno no ha presumido de “mano dura”, pero los “métodos” policiales empleados durante los últimos tres años no dejan lugar a dudas.
Nuestro anterior ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, era apodado el Chonte, lo cual da una idea de cómo le gustaba resolver las cosas.
Asimismo, el ex director de la Policía, Erwin Sperisen, cobró notoriedad pública cuando agarró a patadas a un grupo de manifestantes en la pasada administración edil. De ahí a agarrar a balazos a los delincuentes, la diferencia es de grado, no de enfoque.
Por si fuera poco, las múltiples denuncias acerca de “escuadrones de la muerte” y el reciente asesinato de tres diputados salvadoreños y su chofer, a manos de un grupo desalmado de policías, muestran que las autoridades decidieron tomar la ley en sus manos, y en el proceso cayeron en un más profundo abismo de corrupción.
¿Qué hacer entonces para desarticular a los grupos de pandilleros, que si bien aún no actúan con el nivel de sofisticación y globalidad de los carteles de la droga, la Cosa Nostra o la mafia rusa, sí plantean un desafío enorme para la seguridad pública?
Los investigadores de WOLA insisten en que, en lugar de emplear técnicas represivas, los gobiernos lograrían mucho más si atacaran el problema desde sus raíces sociales, que incluyen desintegración familiar, fracaso escolar y falta de programas para atraer a la niñez y la juventud a actividades sanas, como el deporte o el voluntariado.
Los barrios pobres de Guatemala están repletos de niños que vagabundean mientras sus madres, muchas veces solteras, trabajan todo el día para poder llevar pan a la mesa.
Un plan de ayuda para esas familias, que incluyera centros comunitarios con canchas deportivas, guías de estudio y computadoras con Internet sería mucho más exitoso en la lucha contra las maras que darle, a una fuerza policial corrupta, licencia para matar.
Sorpresivamente, de conocidos activistas de derechos humanos he escuchado que los del Patriota sí tienen gente seria en el tema de seguridad. Ojalá el público pudiera escuchar si es cierto y si realmente hay una propuesta más seria que poner cara de bravo y ofrecer golpes desde un cartel.
(Dina Fernández)
Foto: Isabel Muñoz
