(EFE).- Alrededor de un centenar de personas, entre familiares de desaparecidos y activistas de derechos humanos, protestaron ante la embajada de Chile en Lima por el fallo del juez chileno Orlando Álvarez, que negó la extradición del ex mandatario Alberto Fujimori.
Los manifestantes llevaron pancartas con la imagen del ex mandatario, procesado en Perú por delitos de corrupción y violación a los derechos humanos, y quemaron una de ellas ante la sede consular para manifestar su rechazo por la resolución judicial.
Otras tenían frases como «Chile y Japón apañan al ladrón», además de fotos de víctimas del grupo Colina, un equipo encubierto del Ejército que actuó durante el Gobierno de Fujimori (1990-2000).
La portavoz de las víctimas por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, Gisella Ortiz, se quejó de que el Estado peruano no haya hecho «nada en el último año para garantizar que este proceso sea beneficioso para el país». «Sabemos que ha habido un abandono de este Gobierno y eso se refleja en este resultado», afirmó a medios locales Ortiz, cuyo hermano es uno de los nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta asesinados por el Colina en 1992.
Ortiz reiteró que la sentencia de Álvarez es producto de una presión política de Japón, a cuyo Senado está postulando Fujimori, en su calidad de ciudadano nipón. Además, criticó que el magistrado chileno «no haya logrado entender quién es Alberto Fujimori y las responsabilidades que tiene en la muerte de nuestros familiares», a casi dos años después de su detención en Chile.
El caso La Cantuta y el de Barrios Altos, en el que murieron 15 personas en 1992, formaban parte del pedido de extradición de Fujimori por delitos de lesa humanidad.
En la manifestación estuvieron también representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la Asociación Pro Derechos Humanos, que denunciaron e investigaron las referidas matanzas en la década pasada, y que acompañaron a los deudos en una campaña internacional para lograr la extradición del ex gobernante.
Fujimori señaló desde Santiago, donde vive en arresto domiciliario, que ha recibido la decisión «con alegría, pero a la vez con prudencia». «El fallo expresa las razones jurídicas que hacen improcedentes los pedidos formulados y expresamente declara, como siempre lo he sostenido, mi total ausencia de participación en los hechos que mis detractores políticos infundadamente me han imputado», señaló en un comunicado de prensa.
