(EFE / PD).- Jesús Caldera, ministro de Trabajo, considera que todo es «legal«. 2000 rumanos llegan a un pequeño pueblo de 400 habitantes, se asientan de aquellas maneras, y el ministro de Trabajo dice que «no es ilegal«. Pese a las protestas de los ciudadanos de La Herrera, en Albacete, el ministro de Zapatero asegura que no peligran «la salud y la seguridad en el entorno«.
En una rueda de prensa para valorar el control de los flujos migratorios de África Occidental, Caldera se comprometió a hacer un «esfuerzo especial para el control de la legalidad de las contrataciones» de estas personas y a impulsar, «cuando no sea obligación de los empresarios, la concesión de un adecuado alojamiento» para este tipo de trabajadores temporales.
El ministro explicó que, según el delegado del Gobierno, el asentamiento no es ilegal y que están garantizadas la salud y la seguridad en el entorno. Además, precisó que son ciudadanos comunitarios y por tanto tienen plena libertad de movimientos y de establecimiento, por lo que aconsejó «enjuiciar la situación adecuadamente«.
Añadió que los trabajadores rumanos «están esperando a una campaña de recogida del ajo» y advirtió que «la administración va a velar de forma exquisita porque no haya ninguna ilegalidad en la contratación de estos trabajadores» y para que se «aplique a los mismos las leyes que protegen sus derechos«.
«Vamos a hacer una vigilancia especial para que estas personas reciban un contrato legal«, señaló Caldera. En el caso de los ciudadanos rumanos, que están sometidos restricciones de su libertad de circulación, los empresarios deberían darles alojamiento.
Si no fuera esta su situación, es decir, si fueran ciudadanos con libertad plena de movimiento, Caldera aseguró que «aunque no existe la obligación, sería conveniente que cuando a alguien se le contrata para trabajos de temporada se les facilitara el alojamiento«.
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), está realizando un seguimiento exhaustivo de la calidad del agua del Acueducto Tajo-Segura, y asegura que el asentamiento de temporeros no repercute en los niveles de calidad del agua que reciben los usuarios.
No obstante, el área será vigilada permanentemente y se informará a quienes allí se encuentran sobre la normativa que prohíbe el uso del agua o de la infraestructura del acueducto, así como de los riesgos que entrañan prácticas no autorizadas.
