(Cristina Sánchez/Redacción).- Es la imagen del miedo y la desesperación. Ante las acusaciones de complicidad en el secuestro de menores, los españoles retenidos en Chad sólo pueden esperar que las presiones del Gobierno español surtan efecto o, en el peor de los casos, esperar que la Justicia demuestre su inocencia en uno de los países más pobres y más corruptos de África.
De producirse una sanción ejemplar -que no por ello justa-, los españoles podrían enfrentarse a penas de entre 5 y 20 años de reclusión y trabajos forzados; sanciones impensables en Occidente.
Por ello, todas sus esperanzas pasan por las gestiones que el Ministerio de Asuntos Exteriores español lleva realizando en conjunción con Francia. Desde España se mantiene la tesis que la tripulación española «nada tiene que ver» con el intento de secuestro de 103 menores ya que la operación era de la ONG El Arca de Zoé.
Trasladado a Yamena
Fuentes del Ministerio de Exterior han apuntado que los españoles «serán trasladados a Yamena porque el juez de Abeché había pedido, con el apoyo del informe favorable de la fiscalía, el traslado de las diligencias ya que el juzgado de Abeche es muy pequeño y es un caso un poco complicado».
Estaban un poco preocupados porque la televisión francesa había emitido unas imágenes en la que salía uno de los miembros de la tripulación con los ojos llorosos y demás.
Pidieron al cónsul que por favor trasmitiera a sus familiares que estaban muy animados y que eso había sido simplemente un momento de flaqueza.
El Arca de Zoé organización alega que los niños eran huérfanos que estaban siendo evacuados de la conflictiva región de Darfur, en el oeste de Sudán. Luego serían llevados a Francia donde se solicitaría asilo político y se gestionaría su adopción por parte de las familias.
Secuestrados
Sin embargo, la realidad parece ser otra. El ministro de Turismo de Chad aseguró que estos niños no eran huérfanos y habrían sido «secuestrados de sus casas» para, presumiblemente, ser vendidos a las familias de adopción.
Ésta es la versión del Gobierno chadiano, aunque la realidad apunta a que los miembros de esta ONG habrían pagado a los padres de estos niños para que fueran trasladados.
