(EFE).- El número de huelguistas de hambre en cuatro regiones de Bolivia para protestar contra el Gobierno alcanzó ayer 170, mientras el presidente Evo Morales afirmaba que la oposición pretende desprestigiarlo internacionalmente y sacarlo del poder.
En Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija se sumaron más huelguistas a la protesta y en esta última ciudad también hubo incidentes violentos, cuando grupos del comité cívico regional ocuparon por la fuerza la sede del Servicio de Impuestos Nacionales.
Además, cuatro gobernadores (prefectos) opositores se encuentran en Estados Unidos para denunciar ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la ONU y el Departamento de Estado norteamericano el «atropello», dicen, a la democracia de Morales y su partido.
En Santa Cruz, el departamento más rico del país y feudo de opositores, los huelguistas subieron de medio centenar a 120, informó hoy el segundo vicepresidente del Comité Cívico de esa región, Roberto Gutiérrez.
Entre los sectores que se sumaron a ese ayuno voluntario están los afiliados al Consejo Indígena Autonomista de Santa Cruz, que agrupa a líderes de las etnias chiquitana, ayorea, guaraya y guaraní, que hoy quemaron una copia del proyecto de nueva Constitución aprobado por el oficialismo.
En la ciudad sureña de Tarija, la cantidad de huelguistas llegó a treinta y otro centenar de personas anunció que se sumará a la medida en el área rural, según dijo el presidente del Comité Cívico de esa región, Reynaldo Bayard.
Este dirigente encabezó la ocupación por la fuerza de las instalaciones de cobro impositivo para reclamar que todos los tributos recaudados se inviertan solo en esa región, la más rica en reservas de gas y de petróleo.
En el departamento amazónico de Beni los huelguistas suman 13 y en el vecino Pando eran cinco hasta el medio de día de hoy, según confirmaron a Efe fuentes de las organizaciones regionales.
Los huelguistas piden que Morales y su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), rectifiquen su decisión de sancionar el proyecto de nueva Carta Magna aprobado el 24 de noviembre en un liceo militar de Sucre por los diputados constituyentes gubernamentales, sin la oposición y en medio de disturbios que causaron tres muertos y 300 heridos.
Las fuerzas de oposición también demandan que el Gobierno anule una ley para pagar un bono de vejez con un recorte al presupuesto de los nueve departamentos.
La norma fue aprobada la semana pasada en el Congreso, que fue cercado por indígenas que impidieron entrar a los senadores opositores.
En tanto, el presidente Morales denunció hoy que el grupo de prefectos (gobernadores) opositores que se encuentra en Estados Unidos busca desprestigiarlo ante la comunidad internacional y planea sacarlo de la Presidencia.
Morales sostuvo que el objetivo de esos prefectos es «atentar» contra la democracia y buscar la forma de que él deje el Gobierno, posiblemente a través de un «referendo».
«Dijeron su verdad ante los organismos internacionales, (sobre) cómo sacar a Evo Morales de presidente. Imagínense esa tarea y posición que asumen», dijo el mandatario a los periodistas.
Morales atribuyó las iniciativas de los prefectos al supuesto «odio» y «desprecio» que le tienen por su condición de indígena.
El mandatario reiteró su convocatoria a los nueve prefectos para dialogar en las próximas horas, mientras que los opositores plantearon que las conversaciones deben hacerse con mediadores como la Iglesia o la Unión Europea.
Por otro lado, Morales se entrevistó hoy con un grupo de embajadores de países latinoamericanos que le comunicó su respaldo a la democracia boliviana, como lo hizo el Mercosur el pasado fin de semana.
