(EFE).- Las sospechas despertadas en EE.UU. que indican que los 800.000 dólares decomisados a un empresario venezolano iban a la campaña de la presidenta argentina, Cristina Fernández, se constituyeron en el primer traspié internacional de la nueva mandataria, opinaron ayer analistas.
La presidenta, que asumió la jefatura de Estado el pasado lunes, quedó esta semana en el centro de la escena luego de que la Fiscalía de EE.UU. señaló que uno de los cuatro detenidos en ese país por el escándalo «tuvo una conversación que fue grabada, en la que dijo que el dinero era para la campaña de Cristina Fernández de Kirchner».
«Varias circunstancias no hacen fácil la posición del Gobierno argentino en esta causa», advirtió el analista Rosendo Fraga, en torno al caso del maletín con dinero no declarado que intentó introducir en agosto pasado a Argentina el empresario venezolano Guido Antonini Wilson.
Según Fraga, «la primera circunstancia es que Venezuela -de donde se presume que procede el dinero- es el país del mundo con el cual Argentina ha firmado más tratados bilaterales» y la segunda consiste en que «la causa judicial abierta en Argentina (por este caso) no tuvo mayores avances».
«La tercera es que en la asunción de Cristina se puso en evidencia que ella no modifica la relación especial» establecida por su marido y antecesor, el ex presidente argentino Néstor Kirchner, con Venezuela, sostuvo el analista en declaraciones publicadas hoy por el periódico Perfil.
El director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría también consideró que Antonini Wilson es un ciudadano estadounidense «que seguramente está colaborando» con la justicia de ese país «para reducir su pena» y, «por último, Cristina no puede adjudicar culpas a la administración anterior».
El caso se destapó en agosto pasado, cuando Kirchner aún se encontraba en funciones, luego de que Antonini Wilson llegara a Buenos Aires con la maleta en un avión procedente de Caracas, en el que viajaba junto a funcionarios argentinos y venezolanos.
La justicia argentina pidió días más tarde su extradición por contrabando de dinero, aunque Antonini Wilson permanece en Estados Unidos, hacia donde viajó poco después de ocurrido el episodio.
Según el jefe de Gabinete argentino, Alberto Fernández, EE.UU. «impide el avance de la justicia» argentina para extraditar a este país al empresario mediante un «incalificable procedimiento».
Con esta y otras fuertes críticas, el Gobierno argentino se ha dirigido a EE.UU. en los últimos días, luego de que la justicia de ese país revelara que uno de los cuatro detenidos en Miami por este caso y bajo los cargos de conspirar para actuar como agentes al servicio de Venezuela había dicho que el dinero estaba destinado a la entonces campaña presidencial de Fernández de Kirchner.
El jefe de Gabinete también acusó este fin de semana a EE.UU. de cometer «una trampa procesal formidable» para evitar la extradición y consideró que los fiscales de ese país «no actúan con independencia».
La reacción argentina llegó igualmente de la mano de la propia mandataria, quien el pasado jueves denunció que su Gobierno es objeto de «operaciones basura».
Sin embargo, EE.UU. intentó bajar el tono el pasado viernes, cuando el portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack, señaló que el «caso del maletín» es «un asunto de la justicia» estadounidense y «no un tema de política exterior».
El analista Sergio Berensztein opinó que si «la prioridad de la política exterior (de Argentina) debe ser defender el interés nacional, eso debe predominar por sobre las suposiciones de teorías conspirativas y de chicanas más típicas de las internas sindicales o estudiantiles que de la política con mayúsculas».
En tanto, un juez estadounidense decidirá este lunes si deja en libertad bajo fianza a dos de los cuatro detenidos, tres de ellos venezolanos y otro uruguayo.
Fuentes judiciales argentinas estimaron que en los próximos días la magistrada María Marta Novatti puede pedir a EE.UU. precisiones sobre las detenciones en Miami.
