(EFE).- El plan del presidente Evo Morales para refundar Bolivia avanzó ayer un paso más con la aprobación de dos referendos para validar su proyecto constitucional, pero lo hizo entre acusaciones de «dictador» y de haber dado un «golpe a la democracia».
La convocatoria a los referendos fue aprobada por el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) para el próximo 4 de mayo en una sesión del Congreso con escándalo, en la que no participó parte de la oposición porque los seguidores del gobernante mantenían cercado el recinto legislativo desde hace varios días.
La aprobación de las normas fue celebrada en la plaza Murillo de La Paz, donde están el Palacio de Gobierno y el Congreso, por cientos de indígenas, campesinos y mineros, y mañana serán promulgadas por Morales.
Una de las consultas permitirá definir si la extensión de los latifundios ociosos expropiables será de 5.000 ó 10.000 hectáreas, un asunto que no fue definido en la Asamblea Constituyente el año pasado.
La otra someterá al voto toda la propuesta de Carta Magna que, según la oposición, representa solo la visión de medio país y fue rechazada por los líderes políticos y cívicos de seis de los nueve departamentos del país.
Además, el MAS aprobó una tercera norma que le da potestad exclusiva al Congreso para convocar a referendos departamentales, con lo cual intenta frenar la consulta autonomista de la rica región opositora de Santa Cruz (oriente), que fue fijada por sus autoridades para el mismo 4 de mayo.
Los parlamentarios que respaldaron las tres normas, entre ellos varios suplentes e incluso dos senadores opositores que siempre apoyan al MAS en sesiones polémicas, las votaron en pocos minutos, a mano alzada y sin debate.
Dos legisladoras de la alianza opositora Poder Democrático y Social (Podemos, derecha) fueron agredidas al intentar entrar al Congreso por varios de manifestantes que llevaron a cabo el cerco.
Los mineros no solo bloquearon la entrada a la Plaza Murillo, sino que también amedrentaron a los congresistas lanzando cartuchos de dinamita a las puertas del Legislativo.
El presidente del Senado, Óscar Ortiz, de Podemos, calificó de «inaudita» la sesión en la que se aprobaron las consultas constitucionales y en la que, según denunció, el oficialismo habilitó a «varios suplentes» para que pudieran votar.
Mientras, el prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas, acusó a Morales de tener un «Gobierno totalitario» y agregó que su departamento es ahora el «búnker de la democracia» en el país.
El MAS «está poniendo en riesgo la democracia en Bolivia, está camino a la dictadura, al totalitarismo», comentó el presidente del comité cívico cruceño, el empresario Branko Marinkovic.
Los líderes de Santa Cruz y de cinco regiones más rechazan el proyecto de nueva Carta Magna impulsado por Morales porque, a su juicio, fue aprobado ilegalmente por la Asamblea Constituyente en diciembre pasado.
Marinkovic también criticó la «utilización de los mal llamados movimientos sociales» que, según afirmó, solo responden a las convocatorias de Morales.
La Iglesia Católica, en un comunicado, alertó de la «gravedad» del momento, de las «serias amenazas» que se ciernen sobre la democracia en el país y, al tiempo, apeló a «dejar de lado la instrumentalización de grupos sociales para imponer por la fuerza visiones sectoriales».
En noviembre pasado, miles de partidarios de Morales bloquearon el acceso al Congreso a los parlamentarios de oposición, lo que permitió al oficialismo aprobar varias leyes polémicas, como la de trasladar la Asamblea de Sucre, sede oficial del foro, a otra ciudad, que finalmente fue Oruro.
Desde el Gobierno, su vicepresidente, Álvaro García Linera, quien también es la máxima autoridad del Congreso, indicó que en días pasados hizo «todos los esfuerzos posibles» para concertar con la oposición, pero solo recibió «el rechazo incomprensible y brutal al diálogo».
