La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú ratificó la condena de seis años de prisión para el ex presidente Alberto Fujimori por el allanamiento ilegal en 2000 de la vivienda de la esposa de su entonces asesor Vladimiro Montesinos, confirmaron ayer a Efe fuentes judiciales.
(EFE).-La Sala también ratificó por unanimidad que el ex jefe de Estado (1990-2000) deberá pagar 400.000 nuevos soles (de 133.000 dólares) por reparación civil, manifestó el portavoz del poder Judicial.
La decisión, que es definitiva, confirma una sentencia dictada el 11 de diciembre pasado por el vocal supremo Pedro Urbina en un proceso sumario que se le siguió por el allanamiento ilegal, uno de los siete casos por los que se le extraditó desde Chile en septiembre de 2007.
Bajo las órdenes de Fujimori, un destacamento policial allanó la vivienda de la esposa de Montesinos, Trinidad Becerra, el 7 de noviembre de 2000, poco después de que el ex asesor presidencial huyera del país.
Asimismo, el entonces mandatario mandó al grupo, encabezado por un falso fiscal, a ingresar a otro piso del mismo inmueble, de donde se extrajo gran cantidad de maletas y cajas.
Según la Fiscalía y la Procuraduría, entre el material requisado se escondían los denominados «vladivideos», que fueron retirados del lugar sin ser inventariados ni levantarse un acta, para después trasladarlos al local del grupo aéreo número 8, donde se entregaron al ex gobernante.
En el proceso sumario, Fujimori admitió su responsabilidad «en lo que corresponde», con lo que buscaba acogerse a la confesión sincera para lograr una reducción de pena.
Hoy, al comentar la ratificación de la sentencia, el fiscal Supremo adjunto de Perú, Avelino Guillén, manifestó a Radio San Borja que la defensa del ex mandatario no logró su objetivo, pues intentó «acogerse a la confesión sincera y eso ha sido desestimado».
El proceso por el allanamiento empezó en 2003 y entre los otros sentenciados con anterioridad están el ex ministro del Interior Fernando Dianderas y el ex primer ministro Alberto Bustamante, condenados a 4 y 3 años de cárcel, respectivamente, así como el falso fiscal Manuel Ubillús, con siete años de prisión.
