El Parlamento Europeo afronta dividido la votación de la polémica norma que armoniza los procedimientos de repatriación de los inmigrantes irregulares, que se celebrará mañana. Los populares y los liberales apoyan mayoritariamente la denominada directiva de retorno, los socialistas quieren introducir mejoras en el texto, mientras que los verdes y el grupo de Izquierda Unitaria reclaman su retirada, lo que presagia que la votación será ajustada, tal y como se puso de relieve en el debate previo que se celebró este martes.
(Europa Press).-Los eurodiputados del Partido Popular Europeo (PPE) y la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE), respaldados por la Comisión y por la presidencia eslovena, insistieron en que la norma representa un progreso porque da garantías a los inmigrantes en los Estados miembros que todavía no las tienen y no obliga a los países cuya legislación ya prevé estándares más elevados, como España. Por su parte, los grupos de izquierda alegaron que la directiva no respeta los derechos de los inmigrantes y consagra la idea de una «Europa fortaleza». Criticaron especialmente que se fije un plazo de retención de hasta 18 meses en centros de internamiento y que los procedimientos de expulsión y de internamiento se apliquen también a menores.
La norma sobre repatriaciones fue aprobada por los ministros del Interior de los Veintisiete, con el apoyo expreso de España, el pasado 5 de junio. El ministro esloveno del Interior y presidente de turno del Consejo, Dragutin Mate, alertó de que, si la Eurocámara rechaza este compromiso o introduce enmiendas, la tramitación del texto se alargará al menos 3 años más y «no mejorará la situación de los inmigrantes». Mate dijo al pleno que «muchos» Estados miembros no quieren una política de inmigración común y se alegrarían de un ‘no’ del Parlamento porque permitiría que la inmigración siga gestionándose a nivel nacional.
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión y responsable de Justicia, Libertad y Seguridad, Jacques Barrot, resaltó que la directiva se basa en las disposiciones de la Convención Europea de Derechos Humanos, obliga a proteger los derechos de los niños, y reforzará la «seguridad jurídica de los inmigrantes». «La directiva reduce las zonas grises y permite luchar mejor contra la explotación que padecen los ciudadanos de países terceros en situación irregular», dijo. Anunció además que el Ejecutivo comunitario velará para garantizar el «estricto respeto» de los derechos de los inmigrantes.
Como portavoz del PPE actuó el eurodiputado español Agustín Díaz de Mera, que consideró que la directiva de retorno constituye un «paso firme y decidido hacia la necesaria política común en materia de inmigración». La norma «es un instrumento imprescindible para salvaguardar los derechos fundamentales de los inmigrantes y una precondición para hacer progresos en la regulación de la inmigración legal», agregó. En este sentido, destacó que se da prioridad al retorno voluntario, que se garantiza la asistencia letrada y lingüística a los irregulares, y que fija un plazo máximo de internamiento, lo que obligará a los 9 Estados miembros donde no existe a modificar su legislación.
Por su parte, el parlamentario socialista Javier Moreno dijo que la directiva constituye un «paso adelante en la política de inmigración común», pero reclamó que vaya acompañada de otras iniciativas para facilitar la inmigración legal y la integración. Moreno confirmó que su grupo presentará enmiendas a la norma para «acercarla a las legislaciones más garantistas y avanzadas», especialmente en lo que se refiere a la protección y la atención a los menores, el retorno voluntario y el refuerzo de las garantías jurídicas del procedimiento.
Más duro fue el eurodiputado socialista italiano Claudio Fava, que recordó la muerte este lunes en el Mediterráneo de 150 inmigrantes que se dirigían a Italia y dijo que la directiva de retorno condenaría a los supervivientes a estar en centros de internamiento 18 meses. «Estamos estableciendo un principio jurídico devastador, que da la posibilidad de privar de libertad a un individuo durante 18 meses simplemente por razones administrativas, sin que se le inculpe de nada», dijo Fava. Con las enmiendas presentadas por los socialistas se trata de «restituir una cierta dignidad a una norma que nos parece humillante», agregó.
El eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, afirmó que el objetivo de la directiva es «intentar deportar a ocho millones de personas sobre la base de la figura de la detención administrativa». «Será el fin de la Europa garantista», indicó Meyer. Subrayó que esta norma se va a aprobar al mismo tiempo que los Estados miembros están reduciendo su ayuda al desarrollo. «Esta va a ser nuestra contribución a la hambruna, a la crisis alimentaria: la deportación de ocho millones de personas sin ningún tipo de garantía. Una vergüenza. Yo apelo a la movilización europea», dijo.
Su compañero de grupo, Giusto Catania, también calificó la directiva de «vergüenza» e «insulto a la seguridad jurídica» y señaló que «socava la cultura de hospitalidad de Europa». Insistió en que no se puede retener a una persona durante 18 meses en «lugares inhumanos» por vulnerar normas administrativas y destacó que las principales organizaciones humanitarias han rechazado esta norma y han pedido que no se apruebe.
La portavoz del grupo Verde, Jean Lambert, criticó también el plazo de 18 meses de retención de los inmigrantes y que esto se aplique también a los niños, lo que a su juicio puede afectar a su «salud mental». También denunció las condiciones de los centros de retención, y criticó que se prohíba la entrada a la UE durante 5 años a un inmigrante que haya sido expulsado porque ello puede provocar problemas de reagrupación familiar.
El democristiano alemán Manfred Weber, acusó a los adversarios de la directiva de practicar la demagogia e insistió en que el texto representa un «avance» respecto a la situación actual. En este sentido, auguró que las ONG que ahora se oponen a la norma, luego se servirán de ella para recurrir ante la Comisión o el Tribunal de Justicia de la UE cuando consideren que se han vulnerado los derechos de los inmigrantes.
