(PL).- Los ministros de Interior de la Unión Europea han confirmado su determinación de endurecer la política de inmigración. «Europa ya no tiene los medios para acoger dignamente a todos los emigrantes que esperan encontrar aquí una vida mejor», se dice en un documento de la Presidencia francesa que en general ha sido bien recibido por todos los países miembros.
En ese documento, como explica Enrique Serbeto en ABC, también se establece que «los extranjeros en situación irregular en el territorio de los Estados Miembros de la UE deberán abandonarlo».
Europa no quiere ser vista como una fortaleza, como se ha preocupado por señalar el ministro alemán Wolfgang Schäuble, pero se va a proponer llevar a cabo una clarificación de las reglas de inmigración y expulsiones que significará un cambio sustancial respecto a la tradición de tolerancia aplicada hasta ahora.
A primero de enero del año pasado había en la UE cerca de 19 millones de extranjeros no comunitarios, lo que representaba apenas un 3,8 por ciento de la población, cuya contribución a la actividad económica no se puede negar.
Sin embargo, la llegada constante de nuevos emigrantes sin papeles y el hecho de que el tránsito entre los países miembros se ha vuelto transparente a causa de la desaparición de fronteras interiores, han convertido este fenómeno en un problema cuya percepción empeora entre los ciudadanos, según todas las encuestas.
No es casualidad que sea Francia el país que ha impulsado la nueva línea de la política europea sobre la inmigración, con el presidente Nicolás Sarkozy -antiguo titular del Interior- pidiendo expresamente a sus ministros que en este semestre de presidencia europea le entreguen resultados concretos y respuestas a las inquietudes de los ciudadanos.
La propuesta de Pacto Europeo sobre Inmigración que Francia ha llevado precisamente a este consejo informal de Cannes es la expresión de este cambio de rumbo. Europa quiere asentar mejor la emigración legal, no dejar lugar a la ilegal y para compensar esta posición ayudar al desarrollo de los países emisores.
Para empezar se habla claramente de una «emigración escogida» según criterios profesionales. También se alienta la utilización de emigrantes temporales y se invita a «regular la inmigración familiar».
Para favorecer la integración no se menciona el «contrato» que tanto revuelo había causado en la campaña electoral en España, pero se dice que se establecerán «medidas específicas para el aprendizaje de la lengua» y el «respeto a los valores y las identidades» de los países miembros.
En segundo lugar se habla de la lucha contra la inmigración ilegal, teniendo en cuenta que todos los ministros han aceptado que aquellos que carezcan de autorización para residir en un país europeo serán expulsados. La aprobación hace tres semanas de la llamada Directiva de Retorno era la antesala de esta toma de posición rigurosa que ha provocado reacciones de rechazo en muchos países en Iberoamérica.
Dentro de la lucha contra la inmigración ilegal se pide que los países «se limiten a las regularizaciones caso por caso y no generalizadas, en el marco de las legislaciones nacionales y por motivos humanitarios o económicos».
Esta referencia también está relacionada con la política española, y es el recuerdo que ha dejado la regularización masiva de 2005, que fue muy mal recibida por todos los demás socios.
Ahora, al contrario, los ministros de Interior hablan claramente de vuelos conjuntos para repatriar a emigrantes ilegales y de la puesta en marcha en 2012 a mas tardar de visados biométricos y de «movilizar todos los medios disponibles para asegurar un control más eficaz de todas las fronteras exteriores terrestres, marítimas y aéreas».
Se incluirá «la entrega» a Frontex de los medios necesarios para ejercer plenamente su misión», que es precisamente la de cerrar las fronteras.
