El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, advirtió de que será muy difícil que sus críticos consigan llevarlo ante la Corte Penal Internacional (CPI) por su supuesta obstrucción a la justicia.
(EFE).-Uribe, en unas declaraciones hechas en una reunión con funcionarios para presentar los resultados de su administración y que fueron divulgadas ayer por la Presidencia, se refirió a la hipótesis de que lo juzgue la CPI, mientras visita el país el fiscal jefe de ese organismo, el jurista argentino Luis Moreno Ocampo.
«Hay muchos que mantienen mucha gana de tenerme preso aquí o destituido o preso en la Corte Penal Internacional. Les va dar mucha lidia, porque aquí hemos procedido con toda la honradez, con el más riguroso ceñimiento a la Constitución colombiana», manifestó el mandatario.
Uribe había reforzado ayer sus críticas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que generó un nuevo choque entre los poderes Ejecutivo y Judicial, que investiga a numerosos políticos oficialistas con nexos con la disuelta organización paramilitar de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El mandatario respaldó a sus secretarios jurídico, Edmundo del Castillo, y de Prensa, César Mauricio Velásquez, quienes admitieron haberse reunido en la sede presidencial con emisarios de jefes paramilitares de derecha que dijeron que iban a entregarles pruebas de un supuesto complot de la Corte Suprema contra el Gobierno.
En la cita con sus funcionarios el jefe del estado colombiano manifestó que «enfrentar el tráfico de testigos no es obstruir la justicia, sino evitar corrupción en la justicia».
Uribe insinuó que quien está detrás de esa acusación es el ex presidente César Gaviria (1990-1994), director del Partido Liberal, a cuya administración acusó de aliarse con delincuentes para abatir al entonces capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar, en 1992.
«Me amenazan con la Corte Penal Internacional los que en su momento dejaron que el narcotráfico se impusiera en la Constituyente del 91 para eliminar la extradición», señaló Uribe.
Las AUC, que reunían los comandos de defensa campesina creados hace más de 20 años para combatir a las guerrillas izquierdistas, celebraron un proceso de paz con el Gobierno entre 2003 y 2006, en el que se desmovilizaron más de 31.000 combatientes.
El fiscal Moreno Ocampo viajó a Colombia para recoger informes sobre los procesos contra los paramilitares y contra políticos asociados con esos grupos ilegales.
