(PD).-De nada sirvieron las protestas multitudinarias en contra de lo que ya se conoce como «el robo legalizado de las pensiones». Catorce horas hicieron falta en el Congreso argentino para que los diputados aprobasen la polémica nacionalización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), aunque finalmente la Cámara dio de madrugada su luz verde con 160 votos a favor y 75 en contra, a la espera de que el Senado dé también el visto bueno el próximo día 20.
El kirchnerismo, encabezado por la presidenta, Cristina Fernández, finalmente terminó aprobando su medida, que afecta entre otros a una compañía propiedad del BBVA, pero las modificaciones introducidas no evitaron que la discusión se alargara más de lo esperado, según informaciones de ‘Clarín’ recogidas por Europa Press. Sí se pronosticaban, no obstante, los enfrentamientos entre el Gobierno y la oposición, que en algunos casos se hicieron especialmente tensos.
El presidente de la la comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Díaz Roig, habló durante su ponencia a favor de la iniciativa y destacó que «no existe en el mundo un negocio donde no se arriesga capital y no se corren riesgos». La oposición, en cambio, criticó por ejemplo que con los embargos impuestos en Estados Unidos la nacionalización ya implican pérdidas antes siquiera de llevarse a cabo.
La estatalización implicará la asunción por parte de las arcas públicas de un negocio que mueve 25. 000 millones de dólares (casi 20. 000 millones de euros). Fernández defiende esta iniciativa como una forma de proteger las jubilaciones del futuro de la actual crisis financiera internacional.
Sin embargo, determinados grupos opositores sólo se contentaron con la introducción de 15 modificaciones al texto, entre ellas la creación de una comisión supervisora de esos fondos. Precisamente las protestas han sido continuas a lo largo de los últimos días y en ellas tomaron parte no sólo sectores de la oposición, sino también representantes del sector agrario.
