(PD).- Un tribunal de Bilbao ha reconocido que expulsar de España a una inmigrante por no tener permiso de residencia «vulnera el principio de proporcionalidad», por lo que ha anulado la orden de expulsión y prohibición de entrada que pesaba sobre una ciudadana brasileña y la ha reemplazado por una sanción económica.
Según la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Bilbao, la ciudadana brasileña fue sorprendida sin papeles durante un «control de identificación de extranjeras» que la Policía Nacional realizó el pasado 24 de enero en el interior de un local de alterne de Vitoria, el Club Borsalino.
Tras las comprobaciones oportunas, las autoridades constataron que la extranjera no había «solicitado trámite alguno para su permanencia legal en España» por lo que a fecha 11 de enero, le fue incoado el expediente de expulsión entendiendo que había incurrido en «falta grave». Un mes después, el 18 de febrero, la Subdelegación del Gobierno en Álava dictó la expulsión con prohibición de entrada por tres años.
Ahora, la magistrada Fermina Pita considera que si bien la multa «constituye una sanción menos restrictiva de derechos pero también menos eficaz para la consecución de la finalidad de restablecimiento del orden jurídico», para decidir la expulsión es necesario primero «atender a los criterios de proporcionalidad, valoración del grado de culpabilidad, daño producido o riesgo derivado de la infracción y su trascendencia».
En este sentido, la jueza valora el hecho de que la ciudadana brasileña estaba empadronada en Bilbao y había intentado sin éxito conseguir una prórroga legal de su estancia en España.
«Al no concurrir más circunstancias (…) resulta más proporcionada la imposición de la multa, valorando que se produce únicamente el daño y el riesgo que pueda derivarse por la estancia en el país de una persona carente de habilitación legal por carecer de tarjeta de residencia», añade la sentencia.
