(PD).- El Pacto Nacional para la Inmigración, que ayer presentó la consejera de Acció Social, la republicana Carme Capdevila, incluye un examen de «conocimientos básicos» de catalán para todos los extranjeros que usen el arraigo social para regularizar su estancia en tierras catalanas.
En 2008, unos veinte mil inmigrantes -un 103 por ciento más que el año anterior (8.905 personas)- utilizaron esta vía (circunstancias excepcionales y arraigo) para quedarse en Cataluña.
Explica Angel Marin en ABC que, a partir de ahora, los inmigrantes que lleven más de tres años empadronados en los municipios catalanes deberán de demostrar antes que saben catalán para poder solicitar el arraigo social.
Una solicitud que, de momento, se ha de presentar ante la Delegación del Gobierno en Cataluña. Los técnicos municipales, encargados de estos trámites migratorios, serán los encargados de examinar a los inmigrantes y los extranjeros que no superen la prueba serán enviados a los cursos de catalán del servicio de acogida.
Doblar las plazas
Por este motivo, la consejera Capdevila auguró que de las actuales 68.000 plazas de cursos de catalán para adultos se pasará a las 129.000 en el año 2011. Un incremento de plazas y de recursos para el Consorci per la Normalització Lingüística (CPNL), que también esta en manos del vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira.
El Pacto, entre otras cuestiones, establece que «la lengua vehicular de acogida será el catalán» y que el servicio de acogida «garantizará el aprendizaje en primer lugar de la lengua catalana, y (después) se facilitará la adquisición de competencias lingüísticas en lengua castellana siempre que la persona lo requiera para completar su proceso de acogida».
«No se aprende»
En la presentación de este documento, el secretario de Inmigración, Oriol Amorós, apuntó que la decisión de que el catalán sea la lengua vehicular se ha adoptado porque «se empieza por el catalán, después el inmigrante siempre aprende el castellano; en cambio, si el catalán se deja para más tarde, no se aprende».
Amorós, no obstante, rechazó la propuesta de CiU de que se hagan «test» a los inmigrantes para conocer su grado de integración en la sociedad de acogida.
Capdevila aseguró que el Pacto Nacional para la Inmigración, que incluye un total de 112 medidas, de las cuales 62 son políticas vigentes y 50 son iniciativas nuevas, supondrá una inversión de 3.880 millones de euros entre 2009 y 2012.
El acuerdo, que se firmará hoy en el Palau de la Generalitat en un acto solemne presidido por José Montilla, establece como prioridades gestionar los flujos migratorios y el acceso al trabajo y adaptar los servicios públicos, especialmente sanidad y enseñanza.
PP y C´s anunciaron que no firmarán el Pacto por discrepar de que el documento incluya propuestas que son competencias del Estado como el derecho a voto o a la nacionalidad. Para Alicia Sánchez-Camacho, presidente del PPC, el gobierno catalán «excede» sus competencias al «generalirar estos derechos».
CiU, por su parte, aún duda de suscribir hoy este acuerdo pese a considerar que crea «falsas expectativas» a los inmigrantes.
