(PD).- Canarias es un «limbo legal» en el que se encuentran los menores inmigrantes no acompañados que llegan a las islas en pateras y cayucos y que precisa de una reforma urgente de la ley para que su traslado a otras comunidades autónomas no dependa de la solidaridad de sus gobiernos.
Esta es la denuncia que ha puesto de manifiesto la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda de Canarias, Inés Rojas esta semana.
Rojas se pronunció así en declaraciones a los medios al término de la Conferencia Sectorial que reunió a los consejeros del ramo con el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, para evaluar el anteproyecto de la nueva Ley de Extranjería y fijar los criterios de reparto del Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes y el Refuerzo Educativo, dotado con 200 millones de euros.
La consejera canaria señaló que la reforma de la Ley de Extranjería es una «oportunidad» que no hay que dejar pasar para regular la situación de los menores no acompañados que llegan a las islas ya que, según afirmó, son 89 en tan sólo 40 días y más de 6.000 desde que llegara el primer niño hace 10 años.
Por ello, reclamó al Gobierno que lidere el problema de los menores inmigrantes no acompañados para que su traslado a la Península no dependa de la solidaridad de estas comunidades. «Entendemos que la ley debe completar la situación de estos niños para que sea una cuestión de Estado y no de las comunidades autónomas», enfatizó.
Explicó que Canarias pide que el Gobierno asuma algún «título jurídico» sobre este asunto sin que implique que las comunidades pierdan las competencias sobre menores. «Todas las comunidades tienen competencias sobre menores, ninguna ley dice que los inmigrantes menores no acompañados sean competencia de Canarias», replicó.
Advirtió de la urgencia de regular la situación de los menores inmigrantes porque, con la regulación actual, se corre el riesgo de que se «alimente» el flujo de niños procedentes de África. «Ahora hay menos pateras, sí, pero llegan más niños y muere más gente en el mar», denunció la consejera canaria.
Sin embargo, la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, también presente en la Conferencia Sectorial, aunque no hizo referencia a la posibilidad de introducir en la reforma la cuestión de los menores inmigrantes, señaló la semana pasada que en opinión del Gobierno, la Ley de Extranjería «no parece el lugar más adecuado» para regular esta problemática.
MALESTAR EN EL PP
En cuanto al anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, el consejero de la Comunidad de Madrid manifestó su «malestar» por que el Gobierno haya sometido el texto a consideración de las comunidades autónomas cuando ya está cerrado y sin aportar datos sobre la realidad de la inmigración en España para hacer las aportaciones oportunas.
«Así es muy difícil evaluar lo que se está haciendo desde el Gobierno«, se quejó el responsable de inmigración madrileño, para quien la reforma de la ley «desaprovecha una oportunidad para facilitar el empleo a los inmigrantes» y además pone «más barreras» a la movilidad de los inmigrantes entre comunidades y sectores de actividad.
En esta línea se pronunció la consejera andaluza, Clara Aguilera, quien resaltó que esta es una oportunidad para adecuar la ley a la realidad social de España y para dar a los inmigrantes los derechos que la anterior ley les negaba. Además destacó que liga los flujos de inmigrantes a las necesidad del mercado.
Aprovechó además para destacar que el Gobierno ha dado hasta abril para presentar las alegaciones que las comunidades autónomas consideren oportunas. Indicó que Andalucía pedirá más «claridad» en las redacciones sobre asuntos relacionados con sanidad y educación para que no entre en contradicción con la normativa andaluza.
