(PD).- El ex presidente radical argentino Raúl Alfonsín, de 82 años, fallecido en la noche del martes a causa de una neumonía, que se había agravado como consecuencia de un cáncer de pulmón que padecía desde hace varios años, llegó al Poder Ejecutivo con la promesa de castigar las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura militar (1976-1983).
Y consecuente con esa promesa uno de los primeros decretos que firmó fue para crear la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), encabezada por el escritor Ernesto Sabato, e integrada por destacados intelectuales, para investigar los delitos cometidos por los militares.
El informe elaborado por la Conadep, pasó a la historia argentina, por su título ‘Nunca Más’. Esas fueron las palabras que pronunció el fiscal Julio Strasserra, en el alegato final contra los ex comandantes militares, quienes fueron condenados en 1985 por la Cámara Federal, aunque luego se beneficiaron con el indulto firmado por el ex presidente Carlos Menem.
La decisión de enjuiciar a los militares que habían cometido violaciones a los derechos humanos marcó todo el mandato del presidente radical, quien había derrotado en los comicios de octubre de 1983 al candidato del peronismo, Italo Luder. Fue la primera vez que un candidato radical a la presidencia derrotaba a uno del peronismo.
Los plantes de los militares por los juicios que se desarrollaron contra los acusados de haber torturado y desaparecido a miles de militantes políticos, sindicales, e intelectuales obligaron a Alfonsín a impulsar en 1986, la llamada Ley de Punto Final, para cerrar los juicios en marcha.
Esa concesión a los militares rebeldes no fue suficiente y al año siguiente, durante la Semana Santa, hubo una nueva sublevación militar, encabezada por veteranos de la Guerra por las Islas Malvinas, en 1982. Una multitud se congregó entonces en la Plaza de Mayo y Alfonsín anunció el fin del amotinamiento con una frase que quedó registrada en los archivos: «La casa está en orden, Felices Pascuas».
Luego de haber logrado que los sublevados depusieran sus armas, Alfonsín impulsó la llamada «ley de obediencia debida», que excusaba de ser juzgados a los militares más jóvenes, con el argumento de que habían cumplido las órdenes dictadas por sus superiores.
Finalmente, las dos leyes, la de Punto Final y la de Obediencia Debida, fueron anuladas por el Congreso Nacional, durante el gobierno del peronista Néstor Kirchner (2003-2008) y los juicios contra los militares volvieron a iniciarse. Varios de ellos están actualmente en marcha.
DESASTRE ECONÓMICO
La gestión económica del país durante su presidencia fue un auténtico desastre que sumió al país en una hiperinflación y que le obligó a dejar el poder antes de finalizar su mandato. En 1975 la deuda externa argentina era de 7.875 millones de dólares. Cuando asumió Raúl Alfonsín en 1983, el endeudamiento llegaba a 42.319 millones de dólares.
Ese escenario de endeudamiento externo sumaba una inflación de más del 20 por ciento mensual.
En los 15 meses de gestión de su primer ministro de Economía, Bernardo Grinspun, la inflación fue del 626 %. El primer plan de shock contra la inflación fue aplicado en 1985 por Juan Vital Sourrouille, el Plan Austral.
El 14 de junio se anunció el Plan. Se ajustaron los salarios al 22 por ciento de la inflación de ese mes y se congelaron sueldos y tarifas, además de fijar un tipo de cambio fijo en una relación de 1 Austral igual a 1.000 pesos argentinos.
De una inflación del 30 por ciento mensual se pasó a un tercio, de tal modo que durante los 25 meses de Plan Austral saludable la inflación fue del 215 % y el dólar se incrementó un 163 %.
La flexibilización de precios y la necesidad de aumentar la emisión monetaria, sumados a las dificultades en la política sobre las entidades bancarias y financieras, comenzó a minar el programa, y en 1988 se lanzó el Plan Primavera, en la búsqueda de contener la inflación y la especulación.
Se declaró la moratoria unilateral de la deuda con bancos de comercio en el exterior, se dolarizaron las carteras bancarias y el programa comenzó a ser visto como insolvente. La inflación subió 84 por ciento en 5 meses y el dólar 96 por ciento.
El 6 de febrero de 1989 se anunció que no había reservas disponibles para satisfacer la demanda de dólares, se aceleró la depreciación del austral, subieron las tasas de interés, aumentó el déficit fiscal y se incrementaron los precios. Se compraban dólares minoristas el mismo día del cobro.
Carlos Menem asumió el 8 de julio de 1989. Ese mes, los precios subieron 197 % y las tarifas de servicios públicos 700 %.
