Desde hoy es delito en Italia ser inmigrante clandestino. Y no sólo eso. La obsesión por la seguridad en Italia se manifiesta en numerosos frentes. La nueva ley también endurece las penas para quienes no denuncien la extorsión de la mafia y permite a las mujeres protegerse con «sprays».
Puntualiza Verónica Becerril en ABC que, de todos modos, a partir de ahora esos heterodoxos instrumentos de autodefensa no serán tan necesarios. Las mujeres podrán salir a la calle más «tranquilas», ya que las patrullas ciudadanas velarán por su seguridad en numerosas ciudades.
Estas son sólo algunas medidas del conocido como «paquete de seguridad», que ha entrado en vigor en medio de una fuerte polémica. Uno de los puntos más criticados de la nueva directiva es el apartado de la inmigración ilegal.
A partir de ahora, quien viva en Italia de forma ilegal será arrestado y llevado a un Centro de Identificación y Expulsión, donde podrá permanecer hasta seis meses, en vez de dos, como estaba establecido originariamente.
Además, los italianos que alquilen casa a inmigrantes ilegales para «extraer un beneficio injusto» serán castigados con hasta tres meses de cárcel, mientras que el extranjero que se quiera casar con un italiano tendrá que esperar tres años de matrimonio para obtener la ciudadanía, superar un «test de conocimiento de la lengua italiana» y pagar 200 euros por el permiso de residencia.
Guerra contra la mafia
La mano dura llega para todos, sobre todo para la mafia. Se endurece su régimen carcelario y se establece la obligación de denunciar la extorsión, «una revolución que consideramos la novedad más importante de la ley», según declaró ayer el ministro de Interior, Roberto Maroni.
Asimismo, la fiebre por la seguridad ha llevado a que se legalice la compra de «sprays» de autodefensa compuestos de un gas obtenido de la guindilla. Además, se ha aprobado la instauración de las patrullas ciudadanas.
Las «asociaciones entre ciudadanos no armados», como las denomina el Ejecutivo italiano, tendrán que cumplir unos férreos requisitos. Sus integrantes deberán ser mayores de edad, carecer de antecedentes penales, no pertenecer a partidos políticos o sindicatos y presentar un certificado de salud mental. Además, estos vigilantes pasearán por las calles «armados» sólo con un teléfono móvil, para contactar con la Policía.
Las primeras asociaciones podrán salir a la calle este otoño, después de haber realizado un curso. Serán los alcaldes quienes darán luz verde al despliegue de las patrullas ciudadanas desde sus administraciones. En este sentido, existen divergencias entre el norte del país, favorable a la medida, y el sur, que considera prioritario que se destine más dinero a los cuerpos de seguridad ya existentes.
Para asegurar el cumplimiento de las condiciones de acceso, el Gobierno de Silvio Berlusconi ha establecido una especie de registro.
