Los Gobiernos de Uruguay y Argentina anunciaron hoy la concreción de una nueva agenda común, que tiene como puntos centrales el medio ambiente y la energía, tras varios años de estancamiento en sus relaciones por el conflicto por una papelera en la frontera común, que sigue sin resolverse.
En una reunión de alto nivel celebrada en la estancia presidencial de Anchorena, en el oeste uruguayo, los presidentes José Mujica y Cristina Fernández reiteraron su interés en avanzar en paralelo a la eventual resolución del conflicto fronterizo, en el cual advirtieron una vez más que no van a intervenir.
La importancia de la reunión, la cuarta entre ambos en los últimos tres meses, quedó de manifiesto por la masiva presencia de ministros de ambos países, once por el lado uruguayo y seis por el argentino.
La principal decisión tomada fue la concreción de un plazo de 60 días para revisar los 27 puntos de la nueva agenda bilateral, entre los que se incluyen acuerdos de cooperación en materia comercial, sanitaria y de defensa.
En la lista se encuentra también la definición de los criterios para el estudio conjunto de la situación medioambiental del Río Uruguay, escenario de un largo conflicto bilateral sin resolver por la instalación de una fábrica de celulosa en el lado uruguayo de esa frontera natural con Argentina.
Como reacción a la construcción en la localidad uruguaya de Fray Bentos de esa fábrica, de la empresa finlandesa Botnia (actualmente UPM) y que comenzó a funcionar en 2007, grupos ambientalistas de la vecina población argentina de Gualeguaychú bloquean el puente internacional que las une sobre el Río Uruguay.
La protesta continúa pese a que un fallo emitido el pasado 20 de abril por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya descartó que la fábrica haya provocado daños medioambientales, como denuncian los manifestantes argentinos.
Sobre el conflicto, Mujica sostuvo que el Gobierno uruguayo «ha decidido tratar de establecer una política» encaminada a lograr con Argentina «una relación madura de convivencia», basada en su capacidad de «entender las dificultades que tienen los otros».
Recordó asimismo que «desde la época de la colonia» las dos naciones tiene disputas y apeló a «dar pasos más integradores hacia adelante» y a «negociar sin lesionar los intereses».
Mujica se mostró dispuesto a «ayudar para que la sociedad argentina pueda madurar los consensos» que permitan levantar el corte del puente internacional, aunque no explicó cómo.
Además, recalcó la importancia de que entre los temas pactados hoy esté también el posible dragado del canal Martín García, en el mismo Río Uruguay, que anularía las ventajas de un metro y medio de profundidad que tiene el Canal Mitre, una vía más próxima a Buenos Aires, en beneficio del puerto uruguayo de Nueva Palmira.
Por su parte, Fernández sostuvo que la protesta contra la papelera perjudica sobre todo a los ciudadanos de Gualeguaychú y Fray Bentos, especialmente porque «los cientos de miles de argentinos y los miles de uruguayos que cruzaban el puente ya no lo hacen».
Como hizo en anteriores ocasiones, la presidenta recalcó la determinación de su Gobierno de rehusar el uso de la fuerza para resolver el problema, al recordar las dificultades que tuvieron antecesores suyos al asumir esa postura.
«Sabemos que la represión no es absolutamente la solución, no está en nuestra identidad política, ideológica ni en nuestro ADN», argumentó Fernández, al recordar además que ningún autoridad judicial de su país ha condenado a nadie por ese tipo de manifestaciones en las calles, por violentas que sean.
Para la mandataria, la intervención del Ejecutivo que preside en el conflicto sería «agravar el problema en lugar de solucionarlo».
Además de la situación del Río Uruguay, entre los avances logrados hoy en Anchorena figura el compromiso argentino de analizar la instalación en territorio uruguayo de una planta regasificadora que abastezca a ambas naciones de ese producto energético, que Uruguay aspira a importar de Bolivia vía Argentina.
