El 88,7% de los inmigrantes instalados en Navarra no tiene previsto retornar a su país de origen en los próximos cinco años, pese al empeoramiento de las condiciones laborales que ha generado la crisis económica en este colectivo, según constata el cuarto estudio sobre la situación de esta parte de la población que realizada el Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra.
Según el estudio «La incidencia de la crisis en el colectivo inmigrante en Navarra. Encuesta 2010», del que el Gobierno de Navarra ya proporcionó un avance a mediados del año pasado, la coyuntura económica no ha generado un incremento ostensible del deseo de retorno al país de origen o de marcha a otro país entre la población inmigrante.
Tres de cada cuatro encuestados muestra su intención de permanecer en Navarra en el próximo lustro y sólo un 11,3% muestra voluntad de regresar a su país en este intervalo. Sí ha aumentado ligeramente (del 4,5% al 13,2%) el porcentaje de inmigrantes que valora la posibilidad de desplazarse a otra comunidad autónoma en los próximos cinco años en busca de nuevas oportunidades laborales.
El pronóstico a corto y medio plazo del Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra es que no se incrementarán sobremanera los flujos migratorios. Descarta además un retorno masivo a los países de origen.
El deseo de permanencia de esta población se ve ratificado en la posesión generalizada de tarjetas de residencia permanentes, la reagrupación familiar realizada y el aumento de las adquisiciones de la nacionalidad española.
El 71,5% de los inmigrantes consultados aseguran realizar menos actividades sociales desde que comenzaron a percibirse los efectos de la crisis, un 53,9% asegura que sus condiciones laborales han empeorado, un 47,3% ha visto incrementadas sus deudas en el hogar y un 36,1% ha perdido algún trabajo.
El 31% de los encuestados señala como consecuencia directa de la crisis la imposibilidad de reagrupar a familiares que deseaba traer a España, un 34,9% se ha visto obligado a cambiar de vivienda y un 22,8% se ha visto afectado por un expediente de regulación de empleo.
El 31,6% de los consultados expresa que su deseo es volver a su país, pero no tiene medios para hacerlo, y el 23,8% asegura que su familia depende de sus ingresos. El 47,7% ha realizado cursos de formación para sortear la crisis.
