Tanto el número de indocumentados detenidos (181.000) como el de deportados (215.000) se ha duplicado este año respecto al anterior, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) aumentó en 2009 las verificaciones, identificaciones y deportaciones de indocumentados con sus programas Comunidades Seguras, 287g, y E-Verify a pesar de que la Casa Blanca reconoce la necesidad de una reforma migratoria.
Tanto el número de indocumentados detenidos (181.000) como el de deportados (215.000) se ha duplicado este año respecto al anterior, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
«Estamos colocando más énfasis en las deportaciones de criminales y presionando a los empleadores responsables de contratar a la fuerza laboral ilegal», afirmó recientemente la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Janet Napolitano.
Napolitano, y funcionarios de la administración Obama, argumentan que para pasar cualquier proyecto de reforma migratoria se debe primero convencer al pueblo norteamericano que se está teniendo «mano dura» en la frontera y con los indocumentados.
Mientras tanto, para los defensores de los inmigrantes, el incremento del cumplimiento de las leyes migratorias durante el 2009, que tanto Obama como Napolitano han reconocido «son ineficientes», está generando «miseria y caos» en las comunidades inmigrantes.
«Es una total contradicción», afirmó a Efe Rubén Campillo, coordinador en Carolina del Norte de Reforma Migratoria Pro-América. «No demuestran con hechos que sí están dispuestos a solucionar el problema de los 12 millones de personas sin documentos».
Para Campillo, que vive en uno de los estados del país más golpeados por la puesta en marcha de dichas medidas, los «mensajes mixtos» que envía constantemente el Gobierno en materia migratoria «agravan más la situación».
Después que organizaciones como la Oficina de Auditoría del Congreso (GAO), grupos pro-inmigrantes e inclusive agencias del orden público se quejaran públicamente y con hechos de las fallas del 287g, el DHS anunció inesperadamente en julio pasado un «cambio de prioridades».
La sección 287g de la ley de inmigración vigente desde el 2006, permite a gobiernos locales establecer acuerdos con DHS para que sus agentes reciban entrenamiento de ICE en la identificación y deportación de personas con estatus irregular.
Aunque el objetivo del 287g era sacar del país a «ilegales» criminales y convictos por tráfico de drogas, personas, pandilleros, agresores sexuales, entre otros delitos mayores, fue utilizado por algunas agencias para expulsar a inmigrantes por infracciones menores.
La «estandarización» de los acuerdos generó que 67 agencias del orden público del país decidieran continuar participando del 287g, que hasta la fecha ha entrenado a 1.075 agentes e identificado a 120.000 indocumentados en las cárceles locales.
Según cifras de ICE, de enero a octubre de 2009, el 287g ha fichado a 24.000 personas sin documentos, lo que resultó un 48 por ciento más de «criminales» en comparación con el mismo periodo de tiempo de 2008.
«Estos pactos contribuyen a utilizar mejor los recursos para identificar y remover a los criminales peligrosos», afirmó por su parte John Morton, secretario de ICE.
A pesar que ICE bajó un «poco la guardia» con el 287g, inyectó en 2009 más poder a su nueva arma tecnológica, Comunidades Seguras, un programa que da a conocer instantáneamente los antecedentes migratorios y criminales de los detenidos.
A un año de su implementación, Napolitano festejó en noviembre pasado junto a Morton los resultados de la medida que ha detectado a 113.000 «criminales» sin papales en 95 centros de detención de 11 estados.
De esos, solamente 11.000 son acusados de crímenes mayores como asesinatos, violación rapto, de los cuales 1.900 ya han salido del país, y más de 100.000 están acusados o enfrentan penas por delitos menores como robo, infracciones de tránsito, etc.
Napolitano añadió que para el 2013, Comunidades Seguras estaría funcionando en cada una de los 3.100 centros de detención estatal y local del país, y que ICE proyecta deportar a 450.000 indocumentados al año a un costo de 200 millones de dólares.
Un informe del Centro de Política de Inmigración (IPC) puntualizó las fallas de Comunidades Seguras; como que carezca de supervisión, de pie al perfil racial contra los inmigrantes, que hayan arrestos preconcebidos, y falta de un proceso de quejas.
En cuando a la política de «mano dura» contra los empleadores, el Gobierno anunció medidas para premiar con un «sello de aprobación» a las empresas que utilicen el sistema electrónico E-Verify que confirma el estatus migratorio de trabajadores.
El sistema, inaugurado en 2008 y utilizado por 169.700 compañías a nivel nacional, ha sido criticado fuertemente por inmigrantes, sindicatos, grupos empresariales y civiles, que señalan que las bases de datos están «plagadas» de errores.
Nunca antes, como ahora, los empresarios habían estado tan vigilados por las autoridades de inmigración para que cumplan con las leyes que prohíben contratar indocumentados.
Durante el 2009, ICE realizó cerca de 1.069 inspecciones que resultaron en cerca de 16 millones de dólares en multas y la suspensión a 45 empresas de las competencias por contratos con el Gobierno federal.
La Casa Blanca tiene planes de promover a principios de 2010 la reforma migratoria que otorgaría la legalización tan esperada por los inmigrantes.
Aunque para miles de ellos ya no será necesario porque han sido deportados a sus países de origen por la misma administración que les prometió «sacarlos de la sombra» y rectificar los programas de deportación «ineficientes».
