España "no tiene intención de firmar o ratificar" este convenio porque, como el resto de Estados miembros de la UE
El Gobierno es contrario a firmar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares porque considera que es un pacto «desequilibrado», si bien en 2003 el PSOE, que estaba en la oposición, pidió al Ejecutivo de José María Aznar que lo suscribiese.
España «no tiene intención de firmar o ratificar» este convenio porque, como el resto de Estados miembros de la UE, considera que se trata de un texto «desequilibrado». Así lo expone el Gobierno en una reciente respuesta parlamentaria al diputado de ICV, Joan Herrera, a la que ha tenido acceso Europa Press.
El Ejecutivo argumenta que esta convención, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1990, «exige proporcionar a los trabajadores inmigrantes y a sus familias una documentación que excede con mucho la prevista en las vigentes leyes españolas y europeas de extranjería».
En su opinión, se trata de un pacto que «incide especialmente en los derechos de los trabajadores inmigrantes, pero olvida una serie de obligaciones de los países de emisión u origen de tales trabajadores».
No obstante, el Gobierno subraya que la legislación española actual en la materia «es la más progresista de toda la Unión Europea» y «en muchos aspectos va más allá» de la propia convención y «mantiene quizás un enfoque más moderno».
En 2003, sin embargo, los socialistas presentaron en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley firmada por el diputado Jordi Pedret y la entonces portavoz parlamentaria del partido, María Teresa Fernández de la Vega, hoy vicepresidenta primera del Gobierno.
En aquella iniciativa, los socialistas defendían la firma y ratificación de la convención por parte de España por «la situación de vulnerabilidad en que, con frecuencia, se encuentran los trabajadores migrantes y sus familiares», entre otros motivos.
