La Abogacía del Estado ha concluido que la nueva normativa del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) que impide el empadronamiento en el municipio de los inmigrantes en situación irregular es ilegal.
Así se recoge en un informe sobre la polémica normativa del Ayuntamiento de Vic realizado por los servicios jurídicos del Estado a petición de la delegación del Gobierno en Cataluña.
“La inscripción de los extranjeros en el padrón municipal procede con independencia de que los mismos tengan o no residencia legal en territorio español, por lo que, en consecuencia, no resulta procedente denegar la inscripción so pretexto de que el ciudadano extranjero no reside legalmente en España”, establece el citado informe.
Por lo tanto, la Abogacía del Estado advierte al Consistorio de Vic de que, a la hora de tramitar las solicitudes de inscripción en el padrón municipal de los extranjeros, “debe considerarse como válido y suficiente un pasaporte” aunque el inmigrante “no cuente con el preceptivo visado”.
El ayuntamiento de Vic, cuyo alcalde es del partido CiU, nacionalista conservador, pidió este informe después de proponer no empadronar a los inmigrantes que no tengan regularizada su situación.
La localidad cuenta con un 25% de ciudadanos extranjeros, el doble que la media española.
España tiene una población de 46 millones de habitantes (frente a los cerca de 40 millones al inicio del siglo), el 12% de ellos extranjeros, que han llegado mayoritariamente en los últimos 15 años.
La propuesta creó polémica en los últimos días en varios sectores políticos, ya que el empadronamiento permite a los extranjeros acceder a los servicios de salud y educación públicos y gratuitos.
Otra localidad, Torrejón de Ardoz, en la provincia de Madrid (centro) y gobernada por el conservador Partido Popular (PP) tampoco empadrona a los extranjeros que tengan visado de turista o cuya vivienda no cumpla una serie de condiciones.
En España los extranjeros que estén en el país sin un permiso de residencia pueden ser expulsados, pero también pueden empadronarse en los ayuntamientos, trámite que no conlleva su expulsión.
