Diputados sandinistas pidieron a sus simpatizantes mantenerse «alertas», «atentos» y «vigilantes» en medio de la crisis institucional que atraviesa Nicaragua, a pesar de la «victoria» que en su opinión supuso la reanudación hoy de las labores legislativas.
«El día de hoy ha sido una victoria del pueblo. Los obligaron (a los diputados opositores) a sentarse, pero hay que seguir atentos, hay que seguir vigilantes, no hay que confiarnos ni un tantito», dijo el coordinador del grupo parlamentario oficialista, Edwin Castro, en un mitin a las afueras del Parlamento, tras concluir la sesión.
El Parlamento de Nicaragua reanudó hoy su trabajo para aprobar tres convenios de préstamos por 48 millones de dólares, en una sesión desarrollada bajo un fuerte dispositivo de seguridad y mientras seguidores del presidente Daniel Ortega continuaban sus protestas violentas.
Castro acusó a sus colegas opositores de haber intentado boicotear la plenaria de hoy, al no registrarse en el hemiciclo en un inicio, pese a estar presentes.
«Pero la presión de ustedes en las calles les dio vergüenza y decidieron sesionar después de casi cuatro meses», dijo dirigiéndose a simpatizantes sandinistas.
En ese mismo mitin, en el que seguidores de Ortega vitorearon con gritos y aplausos a los diputados oficialistas, el legislador sandinista Gustavo Porras dijo que estarán «observando» el actuar de sus colegas opositores y no permitirán más que dejen el Parlamento sin funcionar.
«Vamos a estar atentos y alertas, porque si quieren (los diputados opositores) llegar a hacer la misma, y pasar cuatro meses devengando salario, sin trabajar, inmediatamente hay que movilizarse», dijo Porras, máximo dirigente del sindicato sandinista Frente Nacional de los Trabajadores (FNT).
Los parlamentarios volvieron a reunirse en sesión después de que el titular del Congreso, el sandinista René Núñez, convocara a directivos y diputados a continuar sus labores con protección policial.
En rueda de prensa, Núñez llamó «irresponsables» a los diputados opositores por mantener una parálisis de tres meses en el Congreso, lo que dijo «ha desatado la justa ira del pueblo de Nicaragua, que se ha manifestado en las calles con paciencia y otras veces con violencia».
La diputada sandinista Alba Palacios declaró a periodistas que el trabajo legislativo «continuará normalmente siempre y cuando no se incluyan temas políticos, ilegales o inconstitucionales que nada tienen que ver con la agenda legislativa».
Nicaragua se halla sumida en una crisis institucional debido a la pugna que mantienen el oficialismo y la oposición desde que en enero Ortega aprobó un polémico decreto para prorrogar el mandato de funcionarios de varios poderes del Estado, a pesar de que la competencia para ello corresponde al Parlamento.
Ortega tomó esa decisión ante la decisión de la oposición de no renovar esos cargos.
La oposición adoptó tal postura después del «fraude electoral» que consideran significaron los comicios municipales de 2008 y un fallo de los magistrados sandinistas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que en octubre anularon sin la mitad de los jueces de esa instancia (liberales) el artículo constitucional que impide la reelección presidencial.
