La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, afirmó hoy que en el primer trimestre del año, el Gobierno ha autorizado 1.973 contratos en origen para extranjeros, cifra que da continuidad al descenso en la entrada de inmigrantes por esta vía legal que se produjo en 2009 y que confirma «un nuevo ciclo migratorio».
En su primera comparecencia ante la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados, Terrón abordó, entre otras cuestiones, el cambio de ritmo en los flujos migratorios hacia España y destacó que se «ha superado la etapa de aceleración del número de llegadas» ilegales y legales, pues mientras en 2008 se realizaron 180.000 contrataciones en origen, fueron 15.000 el año pasado y no llegan a 2.000 las firmadas en el primer trimestre de este año.
Además, destacó la caída en la cifra de contratos que España ofrece para cubrir los puestos que no se ocupan con el mercado interior (catálogo de ocupaciones de difícil cobertura). Así, frente a las 488 ocupaciones que se ofertaron en el primer trimestre de 2008, entre enero y marzo de este año la cifra se limitó a 60.
En paralelo, han «descendido notablemente los accesos de clandestinos en los últimos 3 años y se ha producido también una bajada en otros puestos fronterizos, con una caída en torno al 30%», señaló Terrón, quien añadió que la matriculación en enseñanzas no universitarias de estudiantes extranjeros también se ha reducido, con un 50% menos que en años anteriores en el curso 2008/2009.
Terrón avanzó su intención de «perfeccionar» el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura porque se ha revelado como «un auténtico termómetro de la situación nacional de empleo» y ha «permitido ajustar gradualmente la contratación de extranjeros en origen con la situación laboral».
Para el portavoz del PP en la Comisión de Trabajo e Inmigración, Rafael Hernando, estas cifras son la prueba de que el Gobierno, en lugar de facilitar la entrada legal de trabajadores inmigrantes, está poniendo trabas a la misma, al tiempo que promueve la irregularidad manteniendo la posibilidad de obtener ‘los papeles’ por la vía del arraigo, que requiere tres años de permanencia en España y un contrato de trabajo.
«Seguimos favoreciendo un sistema que hace más fácil entrar en nuestro país y permanecer de forma legal que entrar legalmente», señaló Hernando, para incidir en que frente a los «4.429» empleos que constituyeron el contingente de trabajadores estables en 2009, se concedieron «75.325 regularizaciones por arraigo, la cifra más alta de la historia».
«PONER LAS COSAS FACILES»
El portavoz de ERC, Joan Tardá, puso el acento en la necesidad de que, en tiempos de crisis, se «pongan las cosas más fáciles» para los inmigrantes, con medias como facilitar el regreso de inmigrantes que se hayan acogido al retorno incentivado. «Hay que poner las cosas difíciles a los otros (a los que quieren llegar ilegalmente) pero a los nuevos ciudadanos hay que ponérselas fáciles», sin que ello signifique «papeles para todos», apuntó.
Por su parte, el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, se dirigió a Terrón para decirle que «las reservas de muchos en relación a la llegada de extranjeros se van a convertir en parabienes» porque los inmigrantes seguirán siendo necesarios para sostener el Estado de Bienestar, «conscientes de la peligrosa tasa de dependencia que afecta a España».
En este sentido, el portavoz de CiU, Carles Campuzano, apuntó que cuando se supere la crisis económica «la composición demográfica composición demográfica va a exigir nuevos flujos migratorios» y dado que «nadie puede creer que el modelo desarrollado desde los 90 hasta pasados los 2000 será válido» se debería abrir «una discusión» sobre el modelo de integración de los extranjeros en el mercado laboral para lo que instó a alcanzar «un amplio consenso sobre este asunto en la perspectiva post-crisis».
