El Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazó hoy una demanda que pretendía que fuera revisada una Ley de Amnistía de 1979, a fin de que fueran juzgados los torturadores de la dictadura que gobernó el país entre 1964 y 1985.
Con el voto de siete magistrados contra dos que se inclinaron por aceptar la revisión de la ley, la corte suprema se pronunció por la constitucionalidad de la amnistía, que fue sancionada por el régimen de facto y benefició tanto a los militares como a sus adversarios.
La mayoría de los miembros del Supremo respaldó la tesis del juez instructor, Eros Grau, quien sostuvo que «no se puede cuestionar» el valor y vigencia de la ley, pese a ser anterior a la Constitución de 1988, puesto que fue integrada al orden constitucional mediante una enmienda aprobada por una Asamblea Constituyente.
Grau también consideró que el Supremo está incapacitado para «re-escribir» este texto legal y afirmó que cualquier alteración cabría solo al Poder Legislativo.
«Es un día muy triste para los derechos humanos», declaró a Efe el presidente de la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia, Paulo Abrão, quien aseguró que el Supremo decidió «ir a contramano de la historia» de otros países latinoamericanos, que llevaron a juicio a los torturadores.
Abrão lamentó que se haya impuesto la tesis de que la amnistía fue producto de un «acuerdo político», que habría tenido más peso e importancia que la defensa de los derechos humanos y el rechazo democrático a la impunidad.
«El Supremo ha consagrado la regla de oro de los dictadores, que dice que antes de soltar el poder no deben olvidarse de promulgar una amnistía para ellos mismos», apuntó.
La demanda había sido presentada por la Orden de Abogados y pedía establecer si la amnistía amparaba incluso a culpables de delitos de lesa humanidad, como torturas y desapariciones forzosas.
El colegio de abogados pedía, expresamente, una «interpretación más clara» de la amnistía y de su alcance en «crímenes comunes practicados por agentes públicos acusados de homicidio, desaparición forzosa, abuso de autoridad, lesiones corporales, violaciones y violencia contra opositores».
La magistrada Carmen Lucia Antunes Rocha, la primera en votar hoy en contra de la revisión, afirmó que con la amnistía dictada en 1979 se «buscó una pacificación del país, en el sentido de transponer una etapa para alcanzar la paz social».
En esa opinión coincidió el magistrado Gilmar Mendes, quien dijo incluso que en la época hubo un «pacto» entre fuerzas políticas para respaldar la amnistía y buscar el inicio de una salida democrática.
Mendes citó incluso la polémica desatada en España en torno al intento del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de abrir una causa contra los crímenes de la dictadura franquista.
Según Mendes, «cabría preguntarse si él (Garzón) no podría haber quebrado sus deberes de juez, al poner en jaque un modelo de pacto y compromiso» que comparó al que, en su opinión, se alcanzó en 1979 en Brasil.
Las opiniones más duras en favor de la revisión de la amnistía fueron expresadas por el magistrado Carlos Ayres Britto, quien dijo que «el perdón colectivo (que implica la ley de 1979) es falta de memoria y de vergüenza», pues «un torturador no es un ideólogo ni comete un crimen político o de opinión: es un monstruo», afirmó.
