La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la mayor patronal del país, pidió hoy al Gobierno de Evo Morales un pago justo para los socios de cuatro empresas eléctricas nacionalizadas este sábado, mientras varios afectados anunciaron demandas y apelaciones.
Un comunicado de la CEPB dice que los procesos de nacionalización «deben realizarse previa indemnización justa, entendiéndose esta última como un proceso acordado de las condiciones, de la fijación del valor, así como del cumplimiento de pago en los plazos estipulados».
La patronal también exige al Estado que garantice las inversiones necesarias y asegure la continuidad de los servicios de energía eléctrica «de manera eficiente, transparente y absolutamente técnica», con la consideración de que el sector es «estratégico» para el desarrollo del país.
Morales decretó ayer la nacionalización de tres generadoras eléctricas con socios extranjeros y una cooperativa local de distribución de energía, durante un acto por el Día del Trabajo en una planta de la firma Corani, que fue ocupada por el Ejército y la Policía, en el departamento central de Cochabamba.
Los empresarios critican «el excesivo e innecesario uso de la fuerza pública» en los actos de intervención de las empresas nacionalizadas, pues consideran que ello ha generado «una imagen no apropiada para el clima de negocios, ahuyentando la inversión privada nacional y extranjera».
Dos de las sociedades nacionalizadas son Corani, participada en un 50 por ciento por Ecoenergy International, subsidiaria de la francesa GDF Suez, y Guaracachi, cuya socia principal, en ese mismo porcentaje, es la británica Rurelec PLC.
También fue nacionalizada Valle Hermoso, donde la mitad de las acciones pertenece a The Bolivian Generating Group de la empresa Panamerican de Bolivia, y la cooperativa distribuidora de energía Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba (Elfec).
Medios locales citan hoy a un ejecutivo de Rurelec, quien expresó en Londres la decepción de esa firma por la nacionalización de sus acciones en Guaracachi, a pesar de las inversiones realizadas para aumentar la capacidad de generación eléctrica.
De su lado, la Cooperativa de Teléfonos de Cochabamba, que posee más de la mitad de las acciones de Elfec, anunció en un comunicado difundido hoy que exigirá «la restitución en favor de los socios» del valor de su inversión.
La confederación de trabajadores de los sectores eléctrico, de telecomunicaciones, gas y agua también ha expresado en un comunicado su rechazo a la «intervención arbitraria» de Elfec y se han declarado en emergencia.
El sector ha convocado a una reunión nacional para analizar la situación el próximo miércoles en Cochabamba.
El ministro de Hidrocarburos y Energía, Fernando Vincenti, ratificó hoy en la televisión estatal que se decidió nacionalizar las eléctricas porque los socios no realizaron inversiones suficientes para incrementar la generación.
Señaló que el Gobierno de Morales espera un acercamiento con las empresas afectadas para conocer su postura ante la nacionalización y reiteró que las inversiones, la continuidad del servicio y la estabilidad laboral están garantizadas. EFE
