Grupos cívicos presentan una demanda contra la ley anti-inmigrante de Arizona

Grupos cívicos presentan una demanda contra la ley anti-inmigrante de Arizona
. Agencia EFE

Una coalición de organizaciones cívicas y defensoras de los inmigrantes de EEUU presentará hoy una demanda contra una ley que criminaliza a los indocumentados en Arizona, mientras siguen las protestas a favor de una reforma migratoria.

La coalición, que incluye a grupos como MALDEF, la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), ha explicado que presentará la demanda por considerar que la ley de Arizona es «inconstitucional».

La demanda será presentada por la mañana en un tribunal federal en Phoenix, capital de Arizona, mientras los grupos pro-inmigrantes siguen presionando al Departamento de Justicia para que también impugne la ley en las cortes.

La ley SB1070, promulgada el pasado 23 de abril por la gobernadora republicana Jan Brewer, permite que la policía exija «los papeles» a quienes sospeche que están indocumentados en Arizona.

La ley convierte en un delito estatal menor la falta de permiso legal para estar en Estados Unidos; amplía la autoridad de la policía local para hacer cumplir las leyes migratorias del país y sanciona a quienes contraten, transporten y alojen a inmigrantes clandestinos.

Varios grupos nacionales que defienden a los inmigrantes, entre ellos el Consejo Nacional de La Raza (NCLR), han denunciado que la ley en cuestión «legalizará» el racismo porque, para efectos prácticos, se aplicaría contra quienes «parezcan inmigrantes».

Grupos que exigen mayores restricciones a la inmigración en general defienden la ley SB1070, alegando que ha habido un aumento en la violencia en la frontera con México y que la inmigración ilegal está afectando a Arizona ante la inacción del Gobierno federal.

Sus detractores replican que la ley no resuelve el problema de la inmigración ilegal y más bien ha inspirado a otras legislaturas estatales a que sopesen medidas similares.

En todo caso, las tareas de inmigración recaen únicamente en el Gobierno federal, si bien varias localidades han firmado acuerdos con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés), que permiten a sus policías colaborar en la detención de inmigrantes indocumentados.

La ley SB1070 ha suscitado la repulsa de México y los demás países latinoamericanos, muchos de los cuales presionan al Congreso de EEUU a que trabaje por una reforma migratoria integral.

También ha habido numerosas protestas callejeras en las últimas semanas en más de 70 ciudades de EEUU y un creciente boicot de varias ciudades y organizaciones contra Arizona.

La presentación de la demanda en Phoenix coincidirá con una protesta en Washington frente a la sede del DHS para exigir un cese a las redadas y las deportaciones, así como medidas contundentes contra la ley SB1070.

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