Derecha boliviana retrasa, pero no frena ley de Morales contra gobernadores

Derecha boliviana retrasa, pero no frena ley de Morales contra gobernadores
. Agencia EFE

La derecha boliviana retrasó hoy el acto en el que el presidente Evo Morales iba a promulgar una ley que permite suspender a los gobernadores que tengan acusaciones en los juzgados, pero no pudo frenar esa norma que ha desatado protestas durante la última semana en varias regiones.

La oposición pidió el domingo que se reconsiderara la ley, poco después de que fuera aprobada por la mayoría oficialista en la Asamblea, y ello obligó a suspender a primera hora de hoy el acto en el que Morales iba a rubricarla, cuando ya había ministros sentados en el salón reservado para ello.

Pero la reconsideración, cuando fue sometida en la tarde al pleno de la Cámara de Diputados, no obtuvo los dos tercios necesarios para su trámite, en una sesión que apenas duró un minuto, por lo que ahora el mandatario podrá firmarla.

Morales, que regresó el domingo a La Paz de una gira de siete días por Europa, tiene previsto viajar esta noche a Buenos Aires para asistir a los actos del bicentenario de la Revolución de Mayo, que dio paso a la Independencia de Argentina.

La ley aprobada es «transitoria», para implantar las nuevas autonomías regionales, y establece que los gobernadores reelegidos el pasado 4 de abril pueden ser suspendidos de sus cargos si tienen acusaciones penales planteadas por jueces, teóricamente para que puedan defenderse.

Seis regiones están en manos del oficialismo y la oposición controla tres: Santa Cruz (este, la más próspera de Bolivia), Beni (noreste) y Tarija (sur).

Los gobernadores que derrotaron a los partidarios de Morales en las urnas, pero no han podido defenderse en el legislativo son, respectivamente, Rubén Costas, Ernesto Suárez y Mario Cossío, que tenían previsto jurar sus cargos el próximo domingo, al igual que sus seis homólogos oficialistas.

El Gobierno ha presentado denuncias judiciales contra los tres, por supuestos actos de corrupción.

Los afectados amenazan ahora con desconocer la nueva norma por inconstitucional, denunciarla ante instancias internacionales y organizar paros cívicos y manifestaciones.

El Movimiento al Socialismo (MAS), la alianza de izquierdistas, nacionalistas e indigenistas que llevó a Morales al poder, aprobó la ley el domingo, al cabo de 18 horas seguidas de debates en la Cámara de Diputados y tras haberlo hecho el viernes el Senado, e impuso hoy de nuevo su amplia mayoría.

Los oficialistas olvidaron el domingo que la oposición podía pedir la reconsideración de la norma, pero ello sólo hizo que la promulgación se retrasara unas horas.

La ley dice que un gobernador será suspendido cuando haya «acusación formal en materia penal, luego de concluida la investigación penal», y que «la suspensión durará durante toda la substanciación del proceso, para asumir su defensa».

Según Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, la norma es solo un instrumento para proteger los recursos de «ladrones» y evitar que los delincuentes queden impunes.

Pero los opositores denuncian que es una ley dictada ex profeso contra Costas, Cossío y Suárez, los únicos opositores que han logrado hacer frente a la creciente hegemonía del MAS, y acusan a Morales de «totalitario».

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