Los familiares de las víctimas de la dictadura militar brasileña (1964-1985), junto con organizaciones de derechos humanos, apelaron hoy a la presión internacional para que el Gobierno reabra los archivos del régimen militar y juzgue a los culpables de esos crímenes.
El presidente de la Orden de Abogados de Brasil en Río de Janeiro, Wahid Damous, calificó de «inadmisible» que Brasil «siga protegiendo a torturadores», a diferencia de otros países de Latinoamérica como Chile o Argentina que, dijo, revisaron sus constituciones y leyes de amnistía para investigar crímenes de la dictadura.
Damous participó hoy en una rueda de prensa de la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos (CFMDP), el Grupo Tortura Nunca Mais y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), en la que las organizaciones señalaron la creciente importancia de Brasil en el mundo como motivo para dar un paso adelante en la investigación de dichos crímenes.
La directora en Brasil del Cejil, Beatriz Affonso, señaló que así como el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se siente legitimado para intervenir en asuntos internacionales como la crisis hondureña o en el programa nuclear iraní, también debería respetar las decisiones tomadas por organismos internacionales respecto a Brasil.
Affonso se refería a la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) debe emitir sobre el caso de la guerrilla del Araguaia, en el que familiares de víctimas de la dictadura exigen que el Estado investigue la desaparición en los años 70 de al menos 68 personas en el estado de Pará (norte).
En 1982, los familiares de las víctimas presentaron una demanda ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) que nunca fue atendida y, en 1995, iniciaron el proceso de denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH).
En 2008, la CIDH redactó un informe de recomendaciones en el que se instaba al Gobierno brasileño a reconocer a las víctimas, abrir los archivos de la dictadura y pagar una compensación económica a los familiares.
Ante la falta de implementación de esas recomendaciones, en marzo de 2009 la CIDH remitió el caso a la CorteIDH, que el mes pasado realizó una audiencia pública sobre el caso con representantes y testigos de ambas parte implicadas en el proceso, familiares y Gobierno.
Se espera que la sentencia de la Corte llegue a finales de este año, después de las elecciones previstas para octubre próximo, «para evitar cualquier tipo de influencia en los resultados», según Affonso.
Vitória Grabois, del Grupo Tortura Nunca Mais, criticó la «falta de voluntad política» del Gobierno brasileño para investigar las desapariciones, y culpó de ello a las alianzas de Lula «con todo tipo de políticos».
«En la base aliada del actual Gobierno hay personas que formaron parte de la represión dictatorial», aseguró Crimeia de Almeida, de la CFMDP, quien añadió que «ese compromiso político de los gobernantes es lo que impide que se abran los archivos».
Los defensores de los derechos humanos reconocen que la decisión de la CorteIDH puede generar un fuerte debate en el país, pero confían en una sentencia favorable.
«Incluso si la sentencia es desfavorable, llevar el caso a la Corte ya fue una victoria, porque ha sido una lucha de treinta años para conseguir el reconocimiento de las víctimas», declaró Grabois.
Para De Almeida, superviviente de la guerrilla de Araguaia, tener que llevar el caso hasta un ente dependiente de la Organización Estados Americanos (OEA) «sólo demuestra cuán atrasado está Brasil».
Grabois, cuyo padre fue diputado federal del Partido Comunista y víctima de la dictadura, señaló la importancia de ganar este caso pero recordó que todavía queda mucho por hacer en la recuperación de la memoria histórica brasileña.
«Sólo se pasará página cuando los archivos sean abiertos, porque el caso Araguaia sólo representa una pequeña parte de los desaparecidos de la dictadura», concluyó.
En abril pasado, el STF decidió que la Ley de Amnistía de 1979 no debe revisarse para juzgar a los agentes oficiales que cometieron crímenes durante la dictadura.
