El Gobierno argentino anunció hoy que denunció penalmente a los ambientalistas que desde noviembre de 2006 mantienen bloqueado un paso a Uruguay en protesta por la instalación de una planta papelera de capital finlandés frente a sus costas.
El jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández, dijo en rueda de prensa que el Gobierno de Cristina Fernández decidió presentarse como querellante en lugar de enviar a las fuerzas de seguridad para liberar el puente «hasta tener que reprimir», algo que no está dispuesto a hacer ni hará, aseguró.
Así, presentó ante la Justicia una denuncia penal contra los miembros de la Asamblea Ambiental de la ciudad argentina de Gualeguaychú, que bloquean el paso hacia la localidad uruguaya de Fray Bentos, donde funciona la planta papelera de UPM (ex Botnia).
«Entendemos que a esto hay que darle un corte definitivo», dijo el jefe de Gabinete, cuyo anuncio fue seguido por unos 150 ambientalistas en directo desde el lugar del bloqueo, unos 220 kilómetros al norte de Buenos Aires.
Aníbal Fernández argumentó que el Gobierno optó por la vía de la denuncia ante la «falta de contundencia» de un fallo dictado este martes por un juez argentino que determinó que había resoluciones judiciales anteriores vigentes que ordenaban garantizar la libre circulación en el paso fronterizo.
En el área de bloqueo las reacciones de rabia e indignación no se hicieron esperar.
«Vende patria», gritaron los activistas tras escuchar la decisión del Gobierno, cuyas posibles consecuencias serán analizadas esta noche en una reunión de la asamblea.
El litigio por la instalación de la papelera fue dirimido por la Corte Internacional de La Haya, que el pasado 20 de abril determinó que Montevideo violó el estatuto del río Uruguay, pero consideró que la planta puede seguir operando porque no hay pruebas aún de que contamine el medio ambiente.
El jefe de Gabinete señaló que el Gobierno argentino esperó «pacientemente» el fallo de La Haya como «punto de inflexión» para recomponer las dañadas relaciones con Uruguay e iniciar un proceso de control conjunto sobre la calidad de las aguas del río Uruguay, algo que, según Fernández, de momento se ve imposibilitado por la persistencia del corte.
«Vemos que quienes han sido ocupantes del puente, quienes han tenido actitudes radicalizadas en muchos casos y a veces violentas siguen con esta situación y para nosotros esto constituye un claro alzamiento contra una decisión internacional aceptada por el Gobierno», afirmó Fernández.
La denuncia penal presentada por la Procuración del Tesoro (cuerpo de abogados del Estado) contra los ambientalistas abarca un abanico amplio de delitos, como entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte, homicidio culposo, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del delito, entre otros.
La querella pide a la Justicia que determine quiénes son los responsables de la supuesta comisión de estos delitos «con nombre y apellido».
«Es una vergüenza, una infamia. El Gobierno dice ahora que la papelera no contamina cuando la embajadora Susana Ruiz Cerruti, que representó a Argentina ante la Corte de La Haya, dijo que el país tenía demostrado que la planta contamina», sostuvo a Efe el asambleísta Martín Alazard.
Recordó además que el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), esposo de la presidenta Cristina Fernández, acudió hace cuatro años a Gualeguaychú acompañado de gobernadores y mantuvo que la protesta «era una causa nacional».
«Ahora resulta que somos sediciosos y asesinos», cuestionó Alazard.
El jefe de Gabinete informó que además el Gobierno presentó una denuncia civil contra los ambientalistas por las pérdidas económicas que el bloqueo supuso para el comercio, el empleos en el sector del transporte y el turismo, entre otros perjuicios.
«Es imperioso tener el tema resuelto a la brevedad por eso creemos que la Justicia debe tomar cartas en el asunto e ir sobre los responsables desde el punto de vista penal y civil y concluir con la liberación del puente», añadió el ministro.
La orden judicial y la reacción del Gobierno argentino se han producido apenas una semana después de una reunión mantenida entre los presidentes de Argentina, Cristina Fernández, y Uruguay, José Mujica, para tratar sobre una salida al conflicto.
