La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) manifestó hoy su «profunda preocupación» por el deterioro de la libertad de expresión en Venezuela y exhortó al Gobierno a garantizar ese derecho, tras los hechos registrados en la última semana.
Los sucesos a los que se refiere son la condena a prisión del periodista Francisco «Pancho» Pérez, por publicar una denuncia de corrupción, la orden de aprehensión contra Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, una cadena muy crítica con el Gobierno, y el atentado con bombas «molotov» contra la Cadena Capriles.
La Relatoría, que es parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indicó que el comisionado para los asuntos de Venezuela de esta organización, Paulo Sergio Pinheiro, y la relatora especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, pidieron hoy por escrito al ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, información sobre lo sucedido.
En esa carta, también denunciaron que «los espacios de debate público sobre las autoridades gubernamentales venezolanas se encuentran cada vez más reducidos», debido al «uso de instrumentos como la justicia penal para silenciar las expresiones críticas o disidentes».
Según esto, exhortó al Estado de Venezuela a adoptar «de inmediato» todas las medidas necesarias para garantizar a Pérez, a Zuloaga y a la sociedad venezolana el derecho a la libertad expresión, y el derecho al debido proceso y a ser juzgados por jueces imparciales e independientes.
Sobre el primero de los casos, que supone la condena a tres años y nueve meses de prisión y 18.000 dólares por difamación a Pérez, la CIDH consideró que se trata de una «evidente desproporción de la condena impuesta al periodista por la publicación de una denuncia de claro interés público».
El mismo día que se emitió esa condena el Tribunal 13 de Control de Caracas ordenó la aprehensión de Zuloaga y su hijo, con el mismo nombre, acusados de delitos de «usura genérica y agavillamiento» (asociación con fines ilícitos) como propietario de una concesionaria de vehículos.
La CIDH expresó su preocupación por la detención y señaló que la persecución penal por delitos no vinculados con el ejercicio de la libertad de expresión puede configurar una violación de este derecho.
Esto ocurriría si se demuestra que la investigación está motivada por la posición política del imputado o por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, advirtió.
Además, se refirió a las «continuadas declaraciones públicas de altos funcionarios en contra de diversos medios de comunicación, sus directivos y periodistas», como la cadena atacada el pasado lunes.
Según indicó, tras estas manifestaciones, «se han incrementado los actos de violencia contra varios de estos medios por parte de grupos criminales privados».
En ese sentido, lamentó que este tipo de «agresiones» colocan «en una posición de mayor vulnerabilidad» frente al Estado y otros sectores a los medios de comunicación.
